El Observatorio Eclesial dio a conocer un pronunciamiento en el que se reprueba “la persecución política en contra del periodista e investigador Bernardo Barranco”.
El escrito está avalado por diversas personalidades y agrupaciones, entre ellos Raúl Vera López, obispo emérito de Saltillo; Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Carlos Fazio, catedrático de la UNAM y de la UACM; Sean Cleary, coordinador de Programas Internacionales Edmund Rice Centre, y Vidal Rivas, de la Iglesia Episcopal San Mateo (Washington).
Señalan que se “busca desacreditar la labor del también ex consejero electoral y encubrir las irregularidades cometidas en laúltima jornada electoral del 6 de junio”, pues Barranco, un día después de la elección, en una columna denunció la ocurrencia de “prácticas añejas” durante los comicios en esa entidad, que “van desde el amedrentamiento hasta el terrorismo electoral, sin descontar una dudosa desorganización en la instalación de las casillas por la ausencia oportuna de los funcionarios de casilla designados oficialmente”.
Señalan que “Bernardo denuncia estas y otras irregularidades a partir de su propia observación electoral y de datos duros de acceso abierto del Sistema de Información de la Jornada Electoral. Además, la veracidad de la información vertida en la citada columna fue confirmada por otros medios de comunicación y es del dominio público, al ser prácticas reiteradas y prácticamente institucionalizadas por el partido hegemónico de la entidad”.
En represalia, “miembros de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Fuerza por México acusaron a Bernardo Barranco de cometer delito e incluso terrorismo electoral y exigieron al consejo general del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) que iniciara investigaciones y acciones penales en su contra, a lo cual accedieron prácticamente todas y todos los miembros del consejo”.
También firman el documento el Secretariado Social Mexicano, Observatorio Eclesial, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos y la Fundación Don Sergio Méndez Arceo.
Exigen a las autoridades electorales y judiciales respetar el derecho a la libertad de expresión consignada en nuestras leyes”, a “los consejeros del IEEM, el cese inmediato de toda acción legal e intimidatoria” y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México a intervenir en este caso”.
