San Cristóbal de Las Casas, Chis., Tras una operación realizada por policías estatales y municipales la tarde del sábado la Fiscalía General del estado (FGE) restituyó siete predios que estaban invadidos, entre ellos dos propiedades de la familia de una de las cuatro personas asesinadas y calcinadas el jueves en el municipio de Jiquipilas.

En un comunicado, la FGE detalló que las propiedades las tenían 140 miembros del Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri), al que los familiares del abogado Francisco Sarmiento Mandujano, una de las víctimas del jueves, acusan del cuádruple homicidio.

Manifestó que a través de la fiscalía de distrito Centro, los uniformados restituyeron a sus dueños los predios La Cañada de los Encinos, Las Cañas (de Sarmiento Mandujano), La Eminencia (de su hermano Rafael), El Pencil, El Rosario, San Juanito y Nueva España, ubicados en el municipio de Ocozocuautla, colindante con Jiquipilas.

Sarmiento Mandujano y sus acompañantes José Luis N, Agustín N y Eyder N fueron asesinados el jueves anterior e incinerados dentro de su vehículo, cuando acudieron a la zona a realizar trámites relacionados con la invasión de la propiedad, ocurrida en 2016.

Jiquipilas: exigen justicia por cuádruple asesinato

Por la mañana Alrededor de 200 personas protestaron en San Cristóbal para exigir justicia por los asesinatos referidos. “Queremos mostrar nuestra indignación y exigir que se haga justicia”, dijo uno de los oradores.

“Paco Sarmiento exige escarmiento” y “Justicia, justicia”, corearon los asistentes, varios de ellos vestidos con camisetas blancas”, durante la protesta realizada la mañana del sábado en la plaza catedral de San Cristóbal.

La familia Sarmiento Mandujano, propietarios del rancho, responsabilizaron de los homicidios al Mocri, que presuntamente mantienen invadida la propiedad.

Óscar Sarmiento aseguró que la muerte de su hermano Francisco, “es resultado de la incompetencia y del fracaso de todos los sistemas jurídicos de nuestro estado”. Agregó: “Nosotros anhelamos la paz y no podemos permitir que estas organizaciones se empoderen a través del miedo; queremos un gobierno que tenga el suficiente valor y haga valer el estado de derecho, que no esté comprometido con grupitos de seudomaestros o seudo campesinos que nos están poniendo como rehenes en el estado”.

Añadió que desde 2016, año en que fue invadido el rancho, “comenzamos un peregrinaje de audiencias y reuniones interminables con diferentes autoridades y hasta ahora no hemos visto resultado alguno de las autoridades”.