El gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, solicitó al Congreso local la desincorporación de seis inmuebles para que sean subastados, a fin de subsanar el déficit que sólo en materia educativa rebasa 4 mil millones de pesos anuales en los últimos cinco años, según señala el Ejecutivo estatal en la exposición de motivos de la iniciativa de decreto.
La diputada local de Morena Teresa López refirió que las propiedades que pretende vender el gobierno del estado, para “supuestamente” mejorar sus finanzas, se ubican en los municipios de Morelia, Arteaga, Tarímbaro, Álvaro Obregón e Irimbo; no se ha dado a conocer su avalúo, “pero se trata de cientos de millones de pesos”.
Explicó que entre los motivos de la solicitud que hizo el pasado 11 de junio Aureoles Conejo a la Legislatura, éste argumenta que cuando comenzó su administración recibió una deuda de 17 mil 813 millones de pesos, la cual se vio obligado a restructurar con plazos más amplios y bajo mejores condiciones de pago.
En marzo de 2020, el mandatario estatal pidió también desincorporar 10 construcciones del gobierno de la entidad, con lo que pretendía obtener alrededor de 631 millones de pesos; sin embargo, el Poder Legislativo del estado a la fecha no ha dado una resolución al respecto.
Según información del Congreso local, entre 2018 y 2019, la actual administración contrató cinco créditos a corto plazo con Banorte por un total de 3 mil 900 millones de pesos, y en noviembre de 2020 le fue aprobada la adquisición de una deuda por 4 mil 90 millones más.
Gestionan pago a maestros indígenas en Jalisco
La Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) manifestó que la falta de pago a unos 50 docentes que laboran en escuelas de las comunidades wixaritari de la sierra norte del estado es un “problema administrativo”, pues al ser plazas federalizadas los depósitos salariales se hacen directamente a los maestros.
Wendy Muñoz Hinojosa, directora de personal de la SEJ, afirmó que la dependencia realiza gestiones con su homóloga federal para resolver a la brevedad tal situación.
Los afectados, desde el 10 de junio pasado manifestaron que trabajan bajo protesta y aseguraron que de no tener una solución en los próximos días, procederán al cierre de los centros educativos en dicha región a partir del 24 de junio.
