Dubai. Millones de iraníes votaron ayer en una elección preparada para entregar la presidencia a Ibrahim Raisi, un juez de línea dura sujeto a sanciones estadunidenses, pero el malestar por las dificultades económicas significó que muchos escucharon los llamados a boicotear los comicios. Los sondeos oficiales sugieren que la participación podría ser de 44 por ciento, muy inferior al 73.3 por ciento de 2017.

Las autoridades pidieron a los iraníes participar en las elecciones, consideradas un referendo sobre el manejo de la economía, afectada por el aumento de los precios y el desempleo y un colapso en el valor de su moneda. Aunque la televisión estatal mostró largas colas en los colegios electorales de varias ciudades, la agencia semioficial de noticias Fars informó que votaron 22 millones de personas, 37 por ciento del padrón.

El Ministerio del Interior señaló que no podía confirmar las cifras de participación, y agregó que la elección se extendió por dos horas en algunos colegios electorales de todo el país para permitir que quienes llegaran tarde emitieran sus votos. Se espera que los resultados finales se anuncien a mediodía de hoy.

Después de votar en la capital, Teherán, el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, instó a los iraníes a seguir su ejemplo, diciendo que “cada voto cuenta. Vengan a votar y elijan a su presidente”.

Respaldado por el poderoso cuerpo de la Guardia Revolucionaria, Raisi –aliado cercano de Jamenei, quien promete luchar contra la corrupción– resultó afectado por las sanciones estadunidenses por su presunta participación en ejecuciones de presos políticos décadas atrás.

Cientos de iraníes, incluidos familiares de disidentes asesinados desde la revolución islámica iraní de 1979 y presos políticos, pidieron un boicot electoral.

La victoria de Raisi confirmaría la desaparición de una política pragmática como la de Rouhani, cuyo gobierno se vio debilitado por la decisión de Estados Unidos de abandonar el acuerdo nuclear y volver a imponer sanciones, en una decisión que destruyó la posibilidad de un acercamiento a Occidente. Con la inflación y el desempleo en torno a 39 y 11 por ciento, respectivamente, el liderazgo clerical necesitaba alta afluencia a las urnas para fortalecer su legitimidad, dañada tras una serie de protestas contra la pobreza y las restricciones políticas desde 2017.