Días atrás, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) documentó que si de evasión y elusión fiscal se trata, los llamados “grandes contribuyentes” (en su mayoría enormes corporativos que operan en el país) se llevan la palma, con todo y que año tras año reportan multimillonarias cuan crecientes utilidades con las que holgadamente pueden cumplir con sus obligaciones tributarias. Sin embargo, en su impúdica voracidad por aumentar sus ganancias recurren a todo tipo de trucos legaloides o abiertamente ilegales para evadir al fisco. Y no tienen llenadera.
Como se comentó en este espacio, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, informó que tan sólo en 2020 se recaudaron 100 mil millones de pesos adicionales producto de una “vigilancia profunda” y “presencia fiscal” a esos causantes, y si la investigación sigue su marcha se obtendrán muchos miles de millones adicionales. “Estamos barriendo todo”, subraya la funcionaria.
Además, proporcionó un dato que resulta espeluznante (para el país, desde luego): la tasa fiscal efectiva que pagan los grandes contribuyentes (cuando lo hacen) resulta por demás ridícula (1.3 por ciento de impuesto sobre la renta, ISR) si se considera las cataratas de dinero que obtienen en sus respectivos negocios, y la abismal diferencia entre sus ingresos y lo que (supuestamente) pagan de impuestos es un elemento clave para recuperar las cantidad referida en beneficio de las arcas nacionales.
Prácticamente no existe fortuna en el país (de esas de ensueño, como las de Forbes) que no se sustente en la evasión y elusión fiscal –práctica que sin decoro alguno estimularon los gobiernos neoliberales–, es decir, lo que algunos voceros de la cúpula empresarial denominan “incentivos”, los cuales se complementan con la descomunal devolución y condonación de impuestos. El daño a la nación ha sido impresionante.
Pero el neoliberalismo se arraigó no sólo en México, sino que en América Latina se extendió como la humedad y ha hecho estragos. No es casualidad que México, junto con Chile y Brasil, sea el país con mayor concentración del ingreso y la riqueza (uno por ciento de sus poblaciones concentra 27.77, 27.81 y 27.61 por ciento del ingreso nacional respectivo, por arriba del promedio regional), y en todos los casos la evasión y elusión fiscales permanentemente “alimentan” las fortunas de ese núcleo en detrimento de la nación.
La Cepal documenta que si se relaciona tal situación con el crecimiento de la economía mundial, lo anterior significa que el uno por ciento más rico aumentó sus ingresos de manera constante en la mayoría de los países y capturó 27 por ciento del crecimiento acumulado total entre 1980 y 2016, mientras que el 50 por ciento más bajo de la distribución capturó sólo 12 por ciento.
Ante tal panorama, la organización advierte que frente a la “insuficiencia” de los sistemas tributarios para financiar el desarrollo sostenible y reducir las desigualdades, “es imperativo establecer una agenda de reformas que permitan ejecutar las políticas fiscales activas necesarias. Se deben eliminar los espacios para la evasión y la elusión fiscales, fortalecer el ISR personal y empresarial, y revisar el uso de los incentivos fiscales y los gastos tributarios, reorientando aquellos que no cumplan con los objetivos de desarrollo”.
El propio organismo especializado de la ONU subraya que “dado que el impuesto sobre la renta tiene un diseño progresivo, se concluye que su evasión es regresiva; combatir la evasión del ISR es una herramienta efectiva para mejorar la progresividad del sistema tributario”. Y una práctica de evasión tributaria en todo en el mundo desarrollado es la que desvía rentas a paraísos fiscales: en 2014, alrededor de 700 mil millones de dólares provenientes de América Latina estaban invertidos (léase escondidos y protegidos) en ellos, con la consiguiente pérdida fiscal.
Y todavía algunos tienen la desfachatez de exigir “más incentivos”.
Las rebanadas del pastel
Tiene razón el presidente López Obrador: los neoliberales “nos dejaron un tiradero”, pero su gobierno “endereza entuertos”, como la demanda que desde el sexenio pasado presentó una empresa pública italiana, Enel, en contra de la CFE, la cual “condena a México a pagar por una obra de ampliación de la hidroeléctrica de Chicoasén”. Se trata del mismo consorcio que fue exhibido por participar en el mercado negro de electricidad en México.
