La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) se pronunció en contra de la iniciativa ciudadana que analiza el Congreso de la Ciudad de México para modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel Hidalgo, donde se plantea en específico una norma de ordenación particular para la colonia Anzures.
El titular de la dependencia, Carlos Alberto Ulloa Pérez, emitió una opinión al Legislativo en sentido desfavorable al advertir que más que una norma de ordenación particular lo que el proyecto plantea es un instrumento de planeación de desarrollo urbano con objetivos, políticas, estrategias, metas, normas, programas y proyectos para ese segmento del programa de la ahora alcaldía, que en los términos propuestos resulta improcedente.
El proyecto enviado al Legislativo por un grupo de vecinos de la Anzures, entre ellos los integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria Alejandro Curiel González y Sergio Rábago Moreno, así como integrantes del anterior órgano de representación vecinal, plantea una nueva zonificación denominada habitacional con servicios (HS) e incluye una tabla de usos de suelo con usos permitidos y prohibidos para la colonia
Incorpora una norma de categorización de inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano, 149 que, estima, ameritan conservarse, previendo niveles de protección y de intervención de dichos inmuebles.
Del análisis realizado por la Seduvi se advierte, sin embargo, que si bien cuenta con un diagnóstico, “carece de un estudio con respecto al comportamiento del crecimiento poblacional a corto, mediano y largo plazos que permita comprender y sustentar los cambios que se proponen en las diferentes zonificaciones”.
Añade que por tratarse más bien de un instrumento de planeación que de una norma de ordenación, el proyecto debía desarrollarse conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Urbano y su reglamento al modificar el contenido del Programa Delegacional de Miguel Hidalgo; un proceso de consulta pública necesario para la participación de la comunidad, el análisis y la participación de las secretarías que conforman la administración pública local y la integración de una propuesta que represente las opiniones de la población y especialistas.
