Ciudad de México. El Juzgado Séptimo de Distrito con residencia en Tamaulipas, negó otorgarle al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la suspensión provisional contra el congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Sin embargo, mañana viernes, el juez Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, llevará a cabo la audiencia en la que decidiría si concede al mandatario estatal la suspensión definitiva.

Por separado, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito declaró sin materia el recurso de queja que promovió la Fiscalía General de la República (FGR), para apelar la suspensión provisional que se le concedió a Cabeza de Vaca contra la orden de aprehensión.

Los magistrados se pronunciaron al respecto luego de que el juez de Faustino Gutiérrez Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito, ya llevó a cabo la audiencia donde concedió la suspensión definitiva al mandatario estatal.

El mes pasado, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública informó que ordenó el congelamiento de cuentas del gobernador por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En mensajes de su cuenta de Twitter agregó que se pidió a los bancos bloquear las cuentas de 12 personas físicas y 25 jurídicas y comentó que habrá “cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables”.

El funcionario federal agregó que se mantendrán las investigaciones para determinar si de la red de Francisco García Cabeza de Vaca o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales. “En su caso, presentaremos las denuncias correspondientes”, advirtió en su momento.

Este jueves, el juez Solórzano Valenzuela dijo que no le concedió la medida cautelar contra el aseguramiento de sus cuentes porque el representante legal del del político panista no entregó copia certificada del contrato de apertura de las cuentas, por ello resultó a improcedente la suspensión, en virtud de que el gobernador de Tamaulipas no aportó pruebas idóneas al respecto.