Para hacer realidad el objetivo del presidente Andrés Manuel López Obrador de dar prioridad en el despacho a la energía que genera la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es necesario cambiar los artículos 25 y 28 de la Constitución, los cuales sustentan la participación de privados en la generación, señaló Arturo Carranza, especialista en materia energética.

“El argumento de fondo, lo dijo el Presidente, tiene que ver con fortalecer a la CFE y hacer que las redes eléctricas funcionen de forma confiable y segura”, dijo.

Consideró que la modificación se hará en el mismo sentido del proyecto que presentó para reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

La idea es modificar de manera concreta el artículo 25 de la Constitución, cuyo texto actual habla de la libre competencia en algunas actividades del sector energético.

Agregó que también es necesario cambiar el artículo 28, que actualmente está enfocado en el derecho que tienen los mexicanos de acceder a bienes a partir de la competencia, que sustenta en la LIE la posibilidad de que privados participen en la generación.

Subrayó que el argumento del Ejecutivo para la modificación de la LIE tenía que ver con el hecho de que la CFE genera electricidad con fuentes que son más estables y ahora se busca que los dos artículos constitucionales “no sean un obstáculo” para que la energía generada por la empresa estatal tenga prioridad para ser usada.

Por otra parte, Carranza destacó que si bien la coalición de Morena no posee la mayoría calificada en el Congreso de la Unión no significa que la iniciativa que envíe el Ejecutivo federal no sea aprobada, por lo que no se puede descartar que no pase la reforma.

Recordó que en la pasada legislatura fueron aprobadas modificaciones sin la necesidad de tener mayoría calificada, pues bastó con convencer a algunos opositores.

Sin embargo, el sector privado se opone a la reforma eléctrica. Juan Manuel Chaparro Romero, presidente de fomento industrial de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) consideró que las modificaciones propuestas por el mandatario “generan desconfianza entre los inversionistas que ya invirtieron en el país e inhibe a los nuevos”.

Comentó que la propuesta altera los principios de los tratados y acuerdos comerciales que México ya ha firmado con otros países.