Madrid. Un hombre de 58 años, desempleado desde hace al menos año y medio y que vivía en un departamento rentado en el centro de Barcelona, se suicidó después de que dos funcionarios de la judicatura tocaron a su puerta para comunicarle que sería desalojado. Según la organización social Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en España se registran 34 suicidios semanales por la expulsión de las personas de sus viviendas.

El último drama provocado por los desahucios es el de este barcelonés. Por la mañana tocó a su puerta una comisión con la orden judicial de ejecutar el desalojo. Según relataron las autoridades locales, el hombre abrió la puerta, tras ser notificado pidió un momento, entró de nuevo, abrió las ventanas del patio interior y se arrojó al vacío.

El hombre tenía más de 18 meses sin trabajo, había agotado todas las prestaciones sociales a las que tenía derecho y dejó de pagar la renta hace más de un año. El dueño de la casa decidió darle un margen de seis meses antes de denunciarlo, pero pasado ese plazo interpuso una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien en sus orígenes políticos fue vocera de la PAH y activista importante del movimiento antidesahucios, no ha logrado frenar los lanzamientos por impago de alquiler o hipoteca, que es uno de los grandes dramas sociales heredados de la crisis económica de 2011-18. En las estadísticas oficiales la región con más desahucios es precisamente Cataluña, que sufre desde hace un lustro un deterioro económico preocupante.

Para Coalu, el suicidio del vecino de Sants “es una noticia terrible que no debió suceder, pues los servicios sociales habían acreditado en abril su situación de vulnerabilidad”, y acusó a los jueces por “no aplicar la moratoria y seguir adelante con el desalojo”.

Se refería a la moratoria antidesahucios que se aprobó en el gobierno central, del socialista Pedro Sánchez, a raíz de la pandemia del Covid-19.