Washington. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó ayer, con cuatro votos en contra y cinco abstenciones, entre ellas la de México, una resolución de condena al arresto, “acoso y restricciones arbitrarias” impuestas a precandidatos presidenciales y a los partidos políticos en Nicaragua, y pidió además la inmediata liberación de todos los presos políticos.
En una reunión virtual, el Consejo aprobó el documento en el cual expresó su “alarma ante el reciente deterioro político” y la situación de los derechos humanos en el país centroamericano.
De los 34 países miembros, 26 votaron a favor de la resolución, mientras Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas lo hicieron en contra.
México, Honduras, Argentina, Belice y Dominica se abstuvieron.
Los representantes de México, Luz Elena Baños, y de Argentina, Carlos Raimundi, argumentaron en la sesión que se abstuvieron de votar porque a pesar de que les preocupan las detenciones de opositores, piensan que deberían respetarse los asuntos internos de Nicaragua.
“No estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, que ha costado tan caro a nuestra historia. Tampoco coincidimos con la pretensión de imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales”, indicaron en una declaración conjunta.
La resolución, patrocinada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Perú, destaca “la grave preocupación” del Consejo Permanente de la OEA por el hecho de que Nicaragua no ha implementado reformas electorales para garantizar que las elecciones de noviembre sean libres y justas. También insta al gobierno del presidente Daniel Ortega a implementar medidas legislativas con el fin de promover elecciones transparentes.
La resolución fue sancionada después de que el ex vicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco fue detenido por la policía de Nicaragua acusado de incitar la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares y celebrar las sanciones contra miembros del gobierno del presidente Ortega. Con Tinoco suman 13 los dirigentes opositores detenidos desde el 2 de junio, entre los cuales hay cuatro aspirantes a la presidencia para los comicios del 7 de noviembre.
El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, calificó la resolución de “inadmisible, de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para el gobierno de Nicaragua”. Rechazó las “prácticas injerencistas” del organismo hemisférico y fustigó a Estados Unidos por ejercer presión a los países de la organización para que se sometan a sus directrices en “su campaña de agresión y guerra mediática de tergiversación de la realidad nacional”.
“Defendemos nuestro derecho a la autodeterminación y a decidir entre nicaragüenses los asuntos internos y a ejercer nuestro derecho a existir como nación libre, soberana e independiente,” aseveró Alvarado, quien advirtió que su país no será mancillado por “potencias imperiales ni por organismos irrelevantes y desprestigiados como la OEA”.
El fin de semana hubo una fuerte oleada de arrestos, cuando la policía detuvo a seis dirigentes del partido opositor Unamos, antes llamado Movimiento Renovador Sandinista, incluido Tinoco, los históricos ex comandantes guerrilleros del sandinismo Dora María Téllez y Hugo Torres y tres mujeres dirigentes.
La oposición acusa al gobierno de Nicaragua de tratar de eliminar de la contienda electoral a posibles rivales de Ortega, quien a sus casi 76 años aspira a una tercera relección para un cuarto mandato consecutivo a partir de enero de 2022.
Bradley Freden, representante interino de Estados Unidos ante la OEA, denunció ayer que Ortega teme perder las elecciones si éstas son “libres y justas”, y proclamó que ≠no se puede permitir que el mandatario nicaragüense “consolide otra dictadura en nuestro hemisferio”.
Pidió la liberación inmediata de los candidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y otros líderes opositores “detenidos en la actual ola de represión”.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, acusó que las medidas “represivas” del gobierno de Ortega se han convertido la norma en Nicaragua.
La semana pasada, Almagro pidió suspender la participación de Nicaragua en el bloque regional por considerar que en el país centraoamericano ocurrió una “alteración del orden constitucional”.
Una eventual suspensión debe ser aprobada en una Asamblea General extraordinaria por dos tercios de los estados miembros y entraría en vigor de inmediato.