Las elecciones del 6 de junio “mostraron un sólido apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus aliados, quienes con una mayoría simple en el Congreso se mantienen bien posicionados para impulsar la agenda política en la segunda parte de su sexenio”, consideró este martes Standard and Poor’s (S&P). La firma emitió un reporte en el que ratificó en BBB la calificación de riesgo deuda soberana de México en moneda extranjera –que la ubica en grado de inversión– y dejó la perspectiva en negativa.
Al mantener el grado de inversión, detalló que las calificaciones de México se basan en las fortalezas y debilidades de su democracia, la cual ha generado estabilidad política y cambios de gobierno en las últimas dos décadas. Sin embargo, la perspectiva negativa advierte que puede haber una baja en los próximos 12 meses si se observa un debilitamiento de las finanzas públicas, “probablemente” derivado del apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex) o de iniciativas gubernamentales que lleguen a presionar “aún más el entorno empresarial”.
Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda, comentó en redes sociales que con la nota emitida por S&P este martes se acumulan siete ratificaciones de la deuda soberana de México en la primera mitad de 2021, lo cual “beneficia a la economía mexicana en su totalidad al permitir acceso a financiamiento”.
S&P prevé que la actual administración mantendrá “una gestión macroeconómica cautelosa” y la deuda del gobierno rondará 48 por ciento del producto interno bruto (PIB) durante los próximos tres años, mientras el crecimiento se desaceleraría tras un repunte de 5.8 por ciento en 2021. Agregó que al crecimiento en México, ya bajo presión, se sumó la pandemia, por lo que PIB por habitante se mantendrá durante los próximos tres años, de 2021 a 2024, debajo del de países con niveles similares de desarrollo.
Agregó que la nación “no ha logrado dinamismo económico en comparación con otros mercados emergentes ni ha mejorado la seguridad pública”, lo que ha elevado la polarización política. En ese sentido, advirtió que el retroceso en algunas políticas y la renegociación de contratos establecidos, sobretodo en el sector energético, así como “la incertidumbre sobre la autonomía de los organismos reguladores y del Poder Judicial que presionen la estabilidad de las políticas y deprimen aún más la inversión, podrían llevarnos a bajar las calificaciones”.
Por el contrario, si México se dedica a impulsar la flexibilidad presupuestal y ampliar la base tributaria no petrolera, sumado a medidas que disminuyan la deuda de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, la perspectiva, ahora negativa, podría pasar a estable en el próximo año.
Añadió que “años de cautelosas políticas fiscales y monetarias y un régimen cambiario flotante” han hecho que los inversionistas hayan tenido confianza en el país y no se le haya cerrado el paso a mercados internacionales. Sin embargo, algunas política internas de años recientes “están dañando la confianza del sector empresarial, lo que limita potencialmente el crecimiento del PIB, a pesar de los beneficios del T-MEC y de las tendencias de acercar las operaciones que deberían beneficiar a México”, explicó.
