De acuerdo con información divulgada ayer por la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, esa dependencia ha identificado evasión y elusión fiscales por un monto cercano a un billón 400 mil pesos, que representa una quinta parte del gasto público de 2021 o 6 por ciento del producto interno bruto (PIB). La mitad de esa suma corresponde a grandes contribuyentes de los sectores de servicios económicos y de seguros, minería, industria manufacturera y comercio. La otra mitad de este incumplimiento de obligaciones fiscales es atribuible al traslado de mercancía informal (500 mil millones) y al comercio exterior (200 mil millones).
Por otra parte, la funcionaria criticó a los contribuyentes empresariales porque “se quejan y se hacen mártires” a pesar de que pagan, en promedio, una tasa impositiva 19 veces menor que las personas físicas y ocho veces menor que los sueldos y salarios. Así, en tanto que las grandes corporaciones enteran en promedio al fisco 1.3 por ciento de impuesto sobre la renta (ISR), las personas físicas pagan 25.4 por ciento, y quienes se encuentran en régimen de sueldos y salarios, 11.4.
Con esos datos en la mano, Raquel Buenrostro señaló la improcedencia de impulsar una reforma fiscal para incrementar las tasas impositivas; en cambio, declaró, se buscará que el conjunto de los contribuyentes paguen sus impuestos de manera completa.
En rigor, las cifras comentadas no son novedosas: por un lado, se sabe que la economía nacional exhibe una pavorosa concentración de la riqueza y, por el otro, que persiste en el país un alto grado de evasión fiscal. Si se unen esas dos situaciones, es claro que el impago, al igual que el poderío económico, también está altamente concentrado. Y si bien es cierto que ello debiera reducir el esfuerzo de la recuperación de fondos públicos, en la medida en que bastaría con auditar a un puñado de grandes empresas para detectar la mitad de esta práctica delictiva, también debe considerarse que ese esfuerzo se ve obstaculizado porque el músculo financiero de los corporativos les permite contratar grandes despachos contables y de abogados –si no es que sobornar a autoridades judiciales– a fin de retrasar el mayor tiempo posible la entrega de los impuestos no pagados al fisco.
Lo cierto es que el gobierno federal tiene el deber de hacer cuanto esté en su mano para recuperar fondos tan cuantiosos como necesarios, para mantener, ampliar y extender los programas sociales, culminar las obras de infraestructura cuya construcción está en curso, dignificar los sistemas públicos de salud y educación, así como fomentar, en general, el desarrollo del país. Al mismo tiempo, es impostergable propiciar en la ciudadanía en general una conciencia sobre las contribuciones hacendarias con el fin de dejar de percibir a los evasores como héroes del ingenio y verlos como responsables de actos merecedores del más amplio repudio social.
