San Isidro., La investigación sobre la muerte de Diego Armando Maradona sigue su curso con la declaración del primero de siete sospechosos de “homicidio simple con dolo eventual” ante la fiscalía argentina.

El enfermero Ricardo Omar Almirón, una de las últimas per-sonas que vio con vida al ídolo, testificó ayer. De 37 años, era el cui-dador nocturno de Maradona. La fiscalía sospecha que mintió al afirmar que el ex capitán de la selección Argentina dormía y respiraba con normalidad horas antes de fallecer, cuando la autopsia reveló que agonizaba.

El enfermero ingresó al mediodía a la sede de la Fiscalía de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, donde permaneció por más de siete horas antes de retirarse junto a su abogado, Franco Chiarelli.

“Mi cliente siempre trató a Maradona como un paciente con una complejidad siquiátrica, una cuestión ligada a una abstinencia, pero nunca le entregaron una epicrisis (informe médico) con alguna cuestión ligada a una cardiopatía”, afirmó a la prensa Chiarelli al retirarse de la fiscalía.

Según el abogado, el enfermero explicó en su declaración cuál había sido su tarea durante la última internación domiciliaria del astro.

Ante los fiscales, Almirón señaló que “tenía orden de no despertarlo”, pero pudo constatar que Maradona estaba vivo y tenía signos vitales antes de las siete de la mañana del 25 de noviembre 2020, cuando entregó la guardia a otra enfermera, cinco horas antes de que fuera hallado sin vida en la cama, relató el abogado.

“Estaba indicado por sus superiores que no se moleste al paciente (Maradona). Mi cliente tuvo la sabiduría de poder realizar su tarea sin que el paciente se sienta invadido, que era algo con lo que tuvo que lidiar todo el tiempo”, explicó el defensor.

El enfermero fue el primero en brindar declaración ante la fiscalía de un grupo de siete personas que incluye también al médico y al siquiatra del fallecido.

Maradona murió de una crisis cardiorrespiratoria a los 60 años, mientras estaba solo en su lecho de una residencia del barrio privado San Andrés, al norte de Buenos Aires, donde se recuperaba de una neurocirugía y otras dolencias.

Los fiscales rechazaron calificar al deceso de “hecho culposo o involuntario”, algo que implicaría “negligencia o imprudencia”, sino que lo catalogaron como “dolo eventual”, al detectar ”falsedades” en los reportes sobre el estado de salud.

Según los acusadores, médicos y cuidadores no cumplieron su deber con Maradona a pesar de saber de “su delicada situación y con conocimiento de que muy probablemente tal omisión llevaría al desenlace fatal que finalmente ocurrió”. La pena es de ocho a 25 años de prisión.