El presidente Biden no tuvo que esperar mucho y entender que a sus ambiciosos planes para darle un giro a la política que abra el camino para quienes han sido dejados del lado de los beneficios del desarrollo social y económico, una gama de intereses contrarios ha puesto de manifiesto sus intenciones de boicotearlos, sin que existan de su parte proyectos alternos que coadyuven a superar la crisis derivada de la pandemia que hundió a Estados Unidos.
En el aspecto económico, su plan de fortalecer la infraestructura, empezando por ampliar el estrecho concepto que la ha caracterizado históricamente, ha sido restringido sensiblemente. En el transcurso de las negociaciones, de 1.9 trillones de dólares originales quedó en un trillón, pero ese monto tampoco satisfizo a sus opositores, quienes exigen que se reduzca aún más y se acote su alcance, eliminando importantes sectores económicos y, por extensión, diversos segmentos de la población que se beneficiarían de él. Entre ellos están algunas provisiones para proteger el medio ambiente y el apoyo a las comunidades, mediante la reparación de escuelas, centros sociales y comunicaciones viales y por Internet.
Es importante anotar que el presidente ha reiterado que la inversión en infraestructura será costeada con un aumento de impuestos a quienes ganan más de 400 mil dólares al año, en el contexto de una reforma fiscal que repare los daños que provocó Donald Trump al disminuir la carga fiscal a un amplio grupo de causantes.
Otro importante proyecto es frenar el avance de las medidas para restringir el derecho al voto, particularmente el de minorías negras y latinas, como supresión de sitios para votar, en especial en los barrios donde habitan dichas minorías, reducción del horario de sufragio, exigencia de documentos innecesarios, y la restricción del voto por correo. El blanco de dichas reformas son los estados sureños en los que el voto de las minorías se ha incrementado sensiblemente, e incluso ha dado el triunfo a los demócratas, como en Georgia. A contracorriente de las intenciones del Partido Republicano, el gobierno actual ha propuesto una ley que amplíe las facilidades para ejercer el derecho a sufragar. Es obvio que en ambas cámaras son los legisladores de ese partido los que han hecho lo posible por evitar su aprobación.
Una más de las propuestas de Biden es la incorporación de jueces de corte liberal que equilibren el desproporcionado número de conservadores que creció astronómicamente durante la presidencia de Donald Trump. En los cuatro años de su administración, nombró 220 jueces federales y tres ministros de la Suprema Corte.
Se ve difícil, si no imposible, superar los obstáculos que el Partido Republicano ha sembrado para impedir los planes del actual gobierno. Baste recordar la forma en que boicotearon las metas que Obama trató de impulsar en su administración. Las vicisitudes para concretar la reforma de salud, su proyecto más preciado, puede dar una idea de los retos que esperan a Biden para que algunas de sus más importantes propuestas culminen.
A no dudarlo, un contrapeso para el partido en el gobierno en esta coyuntura es la tiranía e intransigencia de una minoría en el Congreso estadunidense. Pretende evitar la aprobación de medidas diseñadas para superar un modelo que ha demostrado hasta el cansancio servir a los intereses de una minoría, que a lo largo de la historia se ha distinguido por su rapacidad. Para los demócratas, el reto es doble. En primer término, encontrar la fórmula para lograr que las medidas propuestas por la actual administración superen el boicot sistemático de la oposición para que sean aprobadas; en segundo, superar sus divisiones internas y de esa manera empezar desde ahora a pavimentar el camino para mantener la mayoría en ambas cámaras en 2022. Será complicado, mas no imposible.
