Cuando llegó a México, en 2017, huyendo de la violencia en Honduras, Carlos Alberto Pérez se instaló en Chiapas. Para mantener a su familia se conformó con un empleo como vendedor en una tienda de artículos para celulares. Su condición migratoria le impedía hallar otras opciones.

Un año después, este migrante hondureño y su familia obtuvieron el asilo en nuestro país, pero las oportunidades laborales no mejoraron. Ganaba apenas lo indispensable para sostener las necesidades básicas de su esposa e hijos.

Gracias a un programa liderado por la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Carlos Alberto, de 35 años de edad, pudo encontrar un mejor trabajo (estable, con salario fijo y prestaciones de ley) y mudarse a Saltillo, Coahuila.

“Para mí y mi familia esto representó un cambio muy grande. Trabajo en Mabe, en la fabricación de centros de lavado. Se batalla, pero generó mucho tiempo de trabajo y un sueldo mayor al que tenía en los teléfonos”, señaló en entrevista Carlos Alberto.

Recordó que junto a su familia salió del municipio de Curpus, departamento de Choluteca, Honduras, en enero de 2017, debido a que era constantemente extorsionado y su vida corría peligro. Su intención era llegar a Estados Unidos, pero México se convirtió en su hogar al encontrar la opción del refugio. Aunque no descarta aún la opción de irse “regular” al vecino del norte.

Las peticiones de asilo en México se han elevado en más de 5 mil por ciento en los últimos años al igual que el número de personas a las que se otorga esa condición. Cifras oficiales muestran que de 2013 a la fecha un total de 53 mil 938 migrantes fueron reconocidos como refugiados o recibieron algún otro tipo de protección.

Acnur informó que más de 70 por ciento del total de solicitudes de asilo se presentan en el sur de México, “donde las oportunidades de integración y los servicios para los refugiados son limitados”.

En 2016, esta agencia de la ONU inició este programa a fin de buscar la reubicación de estas personas en otras ciudades donde la oferta laboral, de vivienda y los sistemas de educación y de salud permiten su integración, como resultado de la transición demográfica y del crecimiento económico.

En mayo pasado, Acnur alcanzó 10 mil beneficiarios, la mayoría centroamericanos. Un estudio reciente de la ONU mostró la efectividad del programa: cuando estaban en el sur, sólo 10 por ciento de los refugiados (hoy beneficiarios) tenía empleo y 17 por ciento laboraba de manera esporádica en la informalidad; tras su reubicación, 92 por ciento cuenta con un trabajo formal, con ingresos, en promedio, 60 por ciento más altos que en el sur.

Actualmente, más de 170 empresas nacionales y multinacionales emplean a personas refugiadas como parte del programa.

Se proyecta que en los próximos 12 meses, los 10 mil reubicados generen impuestos que excedan el presupuesto asignado en 2021 a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (44 millones de pesos). Acnur pretende en 2021 trasladar a 20 mil personas que hoy están en el sur.