San José. Autoridades de Costa Rica allanaron este lunes la Casa Presidencial y varios organismos estatales, y detuvieron al menos a dos dueños de firmas constructoras, en una operación para desmantelar una supuesta red de pago de sobornos a cambio de obras públicas.

Estas acciones le habrían generado al país, entre 2018 y 2020, pérdidas por unos 78 mil millones de colones, equivalentes a unos 125 millones de dólares. Es “uno de los [casos] más importantes que hemos realizado en los últimos meses”, afirmó el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, que lideró la operación.

En el allanamiento a la Casa Presidencial fue intervenida la oficina de Camilo Saldarriaga, un asesor del presidente Carlos Alvarado. La vivienda del funcionario también fue allanada.

Saldarriaga, quien alegó inocencia, no fue aprehendido, pero presentó su renuncia para afrontar el proceso. Tenía a su cargo supervisar la ejecución del presupuesto nacional, y coordinaba con la Tesorería Nacional las transferencias a instituciones como el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), una de las implicadas en la investigación.

“Al igual que ustedes siento una enorme indignación, molestia y rabia por los hechos de corrupción por contratos de obra pública con sobornos ofrecidos por empresas constructoras a funcionarios de Conavi y presuntamente otros entes”, expresó el presidente Carlos Alvarado en un mensaje a los costarricenses.

“Es mi deseo (…) que se llegue al fondo del asunto y se sienten las responsabilidades y sanciones, recaigan sobre quienes recaigan (…)”, añadió el mandatario.

Durante la operación, liderada por el OIJ, que depende de la Fiscalía, se realizaron 57 allanamientos, tanto a entidades públicas como a domicilios particulares.

“Identificamos un esquema de sobornos, un esquema de regalías y pagos indebidos dirigidos a funcionarios públicos patrocinados por empresas privadas (…) Incluso, había un sistema de intermediación entre empresas privadas y funcionarios que permitía la entrega de sobornos y el ulterior lavado y ocultamiento de esos movimientos”, expuso Espinosa, el director de la OIJ.