La Ley de Disciplina Financiera en México ha tenido resultados mixtos. En los estados que se encontraban más endeudados previo a la entrada de la legislación –la cual establece los límites a la deuda pública local–, se registra crecimiento económico y creación de empleo más rápidos, pero aumentó la proporción de personas en pobreza extrema.
Lo anterior obedece a que al no tener vías para aumentar el gasto por medio de más deuda, los gobiernos locales recortaron los recursos a protección social, minando las políticas de contención a la población de menores recursos, considera un documento del Banco Mundial (BM).
“Si bien las medidas de disciplina fiscal instauradas en 2016 pueden beneficiar la actividad económica agregada, los recortes del gasto público mal dirigidos pueden afectar a las personas más vulnerables”, señala la investigación.
Recalca que dicha ley ha incrementado de pobreza en los es-tados que arrastraban una baja parti-cipación del gasto en infraestructuray más alta en protección social. Y si bien se reporta un avance de la activi-dad económica, la investigación lo aso-cia a la reasignación del crédito bancario del sector público al privado.
Detalla que, al cerrarse la vía para que los gobierno locales pudieran acceder a mayor crédito a través de los bancos, éstos reasignaron a empresas privadas lo que se enviaba al sector público, sobre todo en aquellos estados en que no era tan amplio el gasto en infraestructura.
Según Standard & Poor’s, en siete años la inversión en infraestructura de los estados de México se ha reducido 50 por ciento, tendencia que “refleja una creciente presión fiscal sobre las entidades federadas y podría indicar subinversión en el mantenimiento del capital físico existente”. El promedio de inversión en infraestructura entre las entidades calificadas por la firma de riesgo cayó de 13 por ciento del gasto total en 2014 a 6.4 por ciento en 2020.
