En otra clara muestra de su alejamiento de la trágica realidad vivida por Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro participó este sábado en una marcha que reunió a miles de motociclistas en São Paulo.
Al desafiar el decreto local que prohíbe promover aglomeraciones e impone el uso de cubrebocas, tanto él como Eduardo, su hijo diputado federal, y el ministro de Infraestructura, Tarcisio Gomes, fueron multados por el gobierno de João Doria, un ex aliado que se transformó en adversario visceral. A cada uno le toca ahora pagar 100 dólares. O, mejor dicho, le tocaría, porque sobran indicios de que ignorarán la sanción.
Fue el tercer desfile de motociclistas que contó con la participación presidencial, y el más impactante. Se calcula como mínimo 5 mil personas en respaldo a una campaña electoral que viola todas las reglas y leyes, en otra clara muestra de que el mandatario ignora frontalmente a las instituciones.
Con el número de víctimas fatales de Covid que ronda –acorde con datos oficiales– el medio millón de brasileños, el ultraderechista insiste en criticar las medidas de aislamiento social, anuncia medicamentos que además de no tener ninguna eficacia, producen efectos secundarios que pueden llevar a la muerte a quienes los consuman y promueve aglomeraciones irresponsables.
En días recientes aseguró que el número de víctimas fatales de Covid en Brasil fue inflado por alcaldes y gobernadores para obtener más recursos del gobierno federal.
Médicos y especialistas aseguran que de haber una coordinación nacional de medidas preventivas, además de vacunas, se podría haber evitado, al menos, 375 mil muertes. Y coinciden con Bolasonaro con relación al número verdadero de vidas perdidas, que no serían medio millón, sino al menos 620 mil.
Nada, sin embargo, parece suficiente para desviar el ultraderechista de su única obsesión: aferrarse al poder.
Todos los sondeos de opinión pública coinciden en que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva ostenta una robusta ventaja sobre Bolsonaro, quien continúa atropellando las instituciones por vía de la cooptación, ahora con el foco centrado en alcanzar no sólo el respaldo, sino también el control absoluto sobre las fuerzas de seguridad pública y las fuerzas armadas, en lo que se ve como un paso más rumbo a un golpe preventivo frente a las elecciones.
Hay que recordar que a lo largo de sus oscuros 28 años como diputado federal, el hoy mandatario siempre defendió la dictadura (1964-1985), con todos sus métodos: tortura, vejación e inclusive asesinatos.
Ya en su primer día como presidente de Brasil – el primero de enero de 2019– denunció fraude en las urnas, diciendo que había vencido en la primera vuelta. Aseguró tener pruebas de lo que decía, aunque jamás las expuso.
A aquellas alturas, ya contaba con respaldo de las llamadas “milicias”, bandos sediciosos integrados por policías civiles y militares que controlan buena parte de las grandes ciudades brasileñas.
Una de sus primeras medidas fue liberar el número de armas para civiles, inclusive las que se consideraban de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad. Resultado: casi 2 millones de pistolas y fusiles en manos de la población.
También contaba con amplio respaldo de los rangos inferiores de las fuerzas armadas y de las policías militares de todo el país, gracias a medidas de protección que, una vez instalado en la presidencia, amplió.
La virtual militarización de su gobierno –entre reformados y activos, hay al menos 6 mil uniformados esparcidos en puestos oficiales, con el respectivo y robusto refuerzo en sus ingresos– hizo que Bolsonaro alcanzara un papel preponderante: si la Constitución determina que el presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas, él decidió ejercerlo con todo.
Purgó sin piedad a los mandos que se negaron a dejar a un lado el rol de las fuerzas armadas como instituciones del Estado y no de gobierno, dejó claro que fracasó la hipótesis de que los militares que le rodean sirviesen como fuerza de contención para sus desequilibrios y delirios, y no se cansa de asegurar que sólo un fraude en el conteo de sufragios impedirá su relección.
Sigue refiriéndose a “mi ejército”, pese al malestar manifestado por el alto mando de la fuerza. El mismo comandante-jefe del ejército, general Paulo Sergio Nogueira, se sometió a la humillación de no sancionar al general Eduardo Pazuello, cómplice absoluto del genocidio padecido por Brasil, por participar de un acto político de respaldo a Bolsonaro, lo que es vetado por el reglamento militar.
Con esa sumisión, el presidente dejó claro que ejerce control total sobre todo, excepto sobre la opinión pública. Y que en caso de que se confirmen las proyecciones y Lula arrase en las urnas, hará en Brasil lo que su ídolo Donald Trump intentó en Estados Unidos: atropellar el electorado y permanecer depositando su humanidad en el sillón presidencial.
A menos, claro, que intente anticiparse a los comicios y llevar a cabo un golpe a su favor. Todo es posible bajo sus desmanes.
