La muerte de los 65 mineros de Pasta de Conchos –hace 15 años–, la de los siete trabajadores de Múzquiz, en Coahuila, –tras un derrumbe ocurrido el 4 de junio pasado–, y “decenas de personas más que desde 2006 han perdido la vida” a consecuencia de las condiciones de trabajo minero, “no son hechos fortuitos ni inevitables, sino resultado de la omisión de las autoridades y la ilegalidad de las operaciones de empresas carboníferas”, señalaron el colectivo Familia Pasta de Conchos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Indicaron que, a lo largo de los años, han documentado y denunciado que el modelo minero de pocitos de carbón y minitas de arrastre “se basa en condiciones peligrosas, insalubres e inhumanas para los empleados”.

Recordaron que en el litigio que llevan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso Pasta de Conchos, “hemos hecho hincapié en la urgencia y prioridad de que se implementen medidas de no repetición y rescate”.

Las organizaciones lamentaron que “estas ilegales condiciones del trabajo minero están generalizadas en la mayoría de las empresas asentadas en la zona, e incluyen la omisión casi total de medidas y equipo de seguridad, así como la falta de registro de todos los asalariados ante el IMSS, con lo cual, en caso de accidentes quedan sin cobertura”.

En un comunicado, resaltaron que los empresarios del ramo han logrado mantener su operación, “burlando la ley y sin que sus contratos se vean afectados, al grado de que todo el carbón mineral obtenido de esta manera es comprado por la Comisión Federal de Electricidad”. Por lo anterior, insistieron en la urgencia de hacer obligatorias las medidas que eviten más muertes y accidentes, tales como la prohibición legal de las minitas de arrastre o cuevas, así como los pozos de carbón, además de la cancelación de los títulos mineros de todas las áreas explotadas.