Concluido el proceso electoral es momento de reflexionar sobre las implicaciones de sus resultados, evitando el reduccionismo que está detrás de las justificaciones que atribuyen a los propios las causas de los éxitos, y las derrotas al mal comportamiento de los contrarios. Es hora de asumir responsabilidades y repensar el desarrollo y la democratización de la nación.
Para hacer propuestas, conviene realizar un breve balance: 1. El partido del Presidente tuvo avances y retrocesos; dentro de los primeros está el haber triunfado en 11 de las 15 gubernaturas en juego y, con ello, el apoyo de la mayor parte de las entidades del país. Mantiene con sus aliados la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, con 280 parlamentarios, pero no le alcanza para la calificada que requieren las reformas constitucionales. En efecto, mientras que con las elecciones de 2018 la mayoría calificada le quedaba a sólo 11 diputados, hoy le queda a 54. Pero mal se haría, y ahí es donde inicia el análisis de las restricciones, en plantear el asunto como algo únicamente numérico y no programático.
La mayoría absoluta, necesaria para aprobar leyes y el presupuesto, depende del Partido Verde, pues sin sus 43 diputados la mayoría del gobierno desaparece, queda en 237, y a un partido que ha hecho alianzas sucesivas con el PRI, con el PAN y con Morena, no le resultaría difícil encarecer su costo conforme se acerque 2024. Del lado opositor, no es imposible, como el propio Presidente ha planteado, que una parte del PRI (posiblemente 77 por ciento de su bancada), esté dispuesto a apoyarlo en situaciones cruciales. Todo depende del costo-beneficio que éste realice. Y ésta es la principal restricción para una política que proponga cambios de fondo –que no se han realizado en la primera mitad del actual sexenio–; que la decisión quede en manos del mercado político y no de las preferencias de la sociedad.
2. A los tres partidos coaligados los unió la adversidad, no un programa. Más allá de la defensa de los órganos autónomos, su oferta a la ciudadanía fue nula. La respuesta de ésta se debió a que se le ubicó como un mal necesario. Para muchos que se vieron desencantados con algunas prácticas del Presidente, los votos emitidos fueron del descontento, no de la adhesión. Con todo, en las circunstancias actuales lo único recomendable para no caer en los juegos políticos de suma cero, es el diálogo. Pero, para que éste sea productivo, y no sólo un regateo sobre el precio de las mercancías políticas, se requiere de otro actor, la ciudadanía.
3. Las razones del comportamiento electoral de la sociedad son múltiples y variadas. Es ciertamente simplificador reducirlas a sólo un contenido clasista o de manipulación por los medios. Por supuesto que hubo razones socioeconómicas en la votación por una u otra coalición. Pero eso no significa necesariamente una adhesión popular a los programas de gobierno, que aún está pendiente de demostración, o un supuesto apoyo de las clases medias al conservadurismo. Unos y otros tienen motivos para votar por cualquiera de las opciones.
Es también cierto que la comunicación juega un papel. Al respecto, la Ciudad de México es un panóptico que se debe analizar. Tiene un electorado maduro y una Constitución de avanzada. No se le puede infantilizar, al suponer que sólo reaccionó a ciertos medios de comunicación. Lo que se debe reconocer es que hay sectores progresistas, sobre todo de izquierda social, que no están de acuerdo con el tratamiento dado por la Presidencia a los derechos humanos y sus instituciones; al movimiento feminista y sus demandas; al manejo de la pandemia, que dejó a muchos trabajadores sin ingresos; a la política social, que no ha sabido superar el asistencialismo; a la burocracia trabajadora que perdió sus empleos; a todos aquellos activistas injustamente tratados en los ataques a la sociedad civil, y muchos más que en 2018 podrían explicar el amplio triunfo de AMLO, y hoy pueden explicar su retroceso, donde lo hubo.
Hay tres “paquetes” que urge discutir entre gobierno, oposición y sociedad: a) la estrategia para superar los efectos socioeconómicos de la pandemia. Para ello hay que repensar la política económica y la social. La austeridad o las transferencias no pueden evadir un asunto de fondo, la necesaria reforma fiscal; b) la atención urgente a la inseguridad con un enfoque de seguridad ciudadana, que significa el respeto a los derechos humanos y, para ello, el control social sobre las fuerzas armadas. La búsqueda de las personas desaparecidas y el alto inmediato a la trata de personas deben ser prioritarios y, c) continuar el camino de la democratización de la nación.
Lo que requiere superar la democracia sólo delegativa y la participación ciudadana entendida como consulta. Urge repensar el régimen político, para que en 2024 no estemos lamentando los mismos vacíos. Hay que darle opciones a la ciudadanía, no sólo nuevos partidos. En ello la Presidencia podría y debiera tomar la iniciativa.
