Chihuahua, Chih., Autoridades de la comunidad rarámuri de Choréachi (Pino Gordo), en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, comparecieron ayer, en una audiencia virtual, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer su inconformidad porque no tienen el reconocimiento legal del Estado sobre la propiedad de su territorio ancestral y viven una situación de riesgo e indefensión ante un grupo de mestizos de una localidad vecina que busca el control de la zona a base de amenazas, asesinatos y abusos.

“No vivimos a gusto en nuestras propias tierras, sentimos miedo, las personas mestizas nos han arrebatado la tranquilidad. Buscamos respuesta a las denuncias que hemos presentado desde hace años. Nos han despojado cuando lo único que hacemos es cuidar el bosque; queremos respeto para los derechos colectivos”, externaron.

En la reunión estuvieron presentes Prudencio Ayala Chapa-rro y Ángel Manchado Ramos, primer y segundo gobernador del pueblo, así como Prudencio Ramos Ramos y Ángela Ayala Ramos, comisarios de policía, además de representantes de las asociaciones civiles Alianza Sierra Madre y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, quienes asesoran a los indígenas.

Estos denunciaron el nulo avance en la aplicación de las medidas de protección que solicitó al gobierno federal esta misma Corte en dos resoluciones emitidas con anterioridad, una en marzo de 2017 y otra en junio de 2020, por lo que aseguraron que las autoridades no muestran “voluntad de realizar acciones contundentes para resolver esta situación”.

Los gobernadores y comisarios de Choréachi externaron que el pueblo no tiene reconocimiento legal sobre su territorio desde agosto de 1969, cuando el gobierno entregó 15 mil 200 hectáreas “para su aprovechamiento” a personas de otro poblado.

Indicaron que existe un litigio ante tribunales agrarios por este conflicto, que mientras se resuelve impide talar los bosques o realizar actividades de minería, “pero un grupo vinculado al crimen or-ganizado busca mantener el con-trol del área y sigue cortando árboles ilegalmente”, lo que desde finales de 2013 ha generado una “violencia sistemática” en contra de la población, problemática que ya entonces expusieron ante las autoridades mexicanas, sin obtener respuesta.

“El resultado de esta audiencia puede representar un antes y un después en acciones por parte del gobierno; si bien en Choréachi se han implementado programas de desarrollo social, estos resultan insuficientes para combatir el aislamiento de la comunidad, principal causa de la impunidad en la región”, recalcó Alianza Sierra Madre.