En medio del cierre de la etapa de cómputos distritales de las elecciones para diputados federales, el Instituto Nacional Electoral (INE) acelera los preparativos para la organización de la consulta popular sobre el desempeño de los políticos del pasado, que deberá efectuarse el primero de agosto.
En principio, se estima que las mesas receptoras de votos serán poco menos de la tercera parte de las 162 mil casillas instaladas para los comicios federales y que el presupuesto no irá más allá de 500 millones de pesos.
Cerrada la última puerta para obtener recursos adicionales destinados a financiar el costo del primer ejercicio de consulta popular a escala nacional, el INE deberá asumir los costos tomando del presupuesto de 19 mil 593 millones de pesos que la Cámara de Diputados le asignó este año, tras el recorte de 870 millones, el más elevado en un año electoral. En las proyecciones del instituto, la definición de los recursos con que se podría contar deberá fijarse una vez concluido el proceso electoral, que se estableció como prioridad institucional.
Aunque hasta ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no le había notificado su determinación de considerar infundada su petición de obtener recursos para realizar la consulta popular que promovió el Ejecutivo y que avaló la propia Corte.
De acuerdo con su resolución, entre las causales para considerar infundado dicho recurso, con el que buscaba recursos, destacan la falta de previsión del INE para programar el gasto. Sin embargo, por disposición legal, el instituto tiene como plazo agosto para enviar al Ejecutivo local su proyecto de presupuesto, con la finalidad de incluirlo en el paquete que se envía al Congreso.
El Poder Ejecutivo promovió la realización de la consulta en septiembre, y fue en octubre cuando se avaló. Sin embargo, según los argumentos de la SCJN, la Cámara de Diputados no tenía obligación de aprobar recursos para su realización. Cabe señalar que la Corte se vio obligada a abordar el tema sólo ante un recurso denominado de “excitativa de justicia”, pues cuando sólo faltan 51 días para la consulta, ese organismo no había resuelto el recurso.
Con esta respuesta, el INE ahora sí deberá fijar los alcances del ejercicio con base en los recursos con que cuenta. El plazo fijado por él mismo para iniciar la promoción arranca el 15 de junio. Cómo se recordará, el instituto impugnó el decreto por considerarlo violatorio de su autonomía constitucional y presupuestaria.
