A 50 años de la masacre del Jueves de Corpus no existe ya ninguna posibilidad jurídica de que se castigue penalmente a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de estudiantes y ciudadanos que el 10 de junio de 1971 pretendían marchar desde la Escuela Normal Superior, en el Casco de Santo Tomás, al Monumento a la Revolución.
Documentos que obran en el Archivo General de la Nación y obtenidos por la historiadora Ángeles Magdaleno Cárdenas, como directora de Información y Análisis Documental de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), acreditan que el coronel Manuel Díaz Escobar era el líder visible del grupo paramilitar conocido como halcones.
Asimismo, reportes de las desaparecidas direcciones Federal de Seguridad y de Investigaciones Políticas y Sociales documentan que los halcones golpearon y asesinaron a decenas de participantes de la marcha que avanzaba sobre la calzada México-Tacuba alrededor de las cinco de la tarde, en el hecho conocido históricamente como halconazo.
Ese día, estudiantes normalistas, universitarios y politécnicos, apoyados por organizaciones sociales, salieron a marchar para exigir la libertad de los presos políticos y en rechazo a la nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Entre quienes han sido identificados como mandos de los halcones y que abrieron fuego contra los manifestantes, se encuentran Víctor Manuel Flores Reyes, Rafael Delgado Reyes, Sergio San Martín Arrieta, Mario Efraín Ponce Sibaja y Candelario Madera Paz. Todos ellos formaban parte de Fusileros Paracaidistas.
Las consecuencias del desenlace de aquel episodio: el regente Alfonso Martínez Domínguez renunció al cargo; el jefe de la policía capitalina, general Daniel Gutiérrez Santos, fue sustituido por el coronel Rogelio Flores Curiel; el coronel Manuel Díaz Escobar desintegró los halcones y semanas más tarde fue enviado como agregado militar a Chile, nación en la que dos años después su amigo, el general Augusto Pinochet, encabezaría el golpe militar contra el presidente Salvador Allende.
En 2004, la Femospp, órgano dependiente de la entonces Procuraduría General de la República y hoy desaparecido, trató de enjuiciar a algunos de los involucrados en los actos del Jueves de Corpus, pero el juzgado segundo de distrito en materia penal de la Ciudad de México negó las órdenes de aprehensión en contra del ex presidente Luis Echeverría y quien fuera su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.
La resolución fue revisada por el quinto tribunal unitario y en julio de 2005 confirmó la negativa del Poder Judicial de la Federación a procesar a esos políticos del PRI.
Entre 2005 y 2006 el caso fue revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin ningún resultado a favor de la justicia para las víctimas de esa masacre. El máximo tribunal definió el periodo de prescripción del delito de genocidio del que se acusó a los altos funcionarios involucrados en los hechos y un año después rechazó crear una comisión para investigar lo sucedido y establecer una verdad histórica.
Desde 2005, integrantes del Comité 68 Pro Libertades Democráticas presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, y acusaron al Estado mexicano de negar sistemáticamente justicia en el caso del 10 de junio de 1971. A la fecha no han tenido respuesta.
