Zacatecas, Zac., Una de las nueve personas asesinadas el domingo pasado en el municipio de Vanegas, San Luis Potosí –en los límites con Zacatecas–, fue identificada como José Ascensión Carrillo Vázquez, dirigente de la Unión de Transportistas Cava y uno de los activistas que entre 2017 y 2019 encabezaron protestas contra la mina de oro a cielo abierto Peñasquito –la más grande de su tipo en América Latina–, propiedad del consorcio estadunidense Newmont, a la que culpó de abusos e incumplimiento de contratos.
El asesinato de Carrillo Vázquez “viste de luto” al municipio de Mazapil “y la sangre tiñe el oro de Peñasquito”, aseguraron este miércoles representantes de las organizaciones sociales Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década contra la Impunidad AC (RSDCIAC) y Frente de Comunidades Afectadas por la Minería.
La “desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial” del activista deben ser investigadas por la Fiscalía General de la República, afirmaron en conferencia de prensa por Internet Felipe Pinedo Hernández y María Magdalena López Paulino, integrantes del FPLZ y de la RSDCIAC, respectivamente.
Recordaron que José Ascensión Vázquez fue secuestrado la semana pasada y su cuerpo fue hallado “con visibles huellas de tortura y tiro de gracia”, junto con otras ocho personas en la carretera que comunica San Tiburcio, Zacatecas, con Vanegas, San Luis Potosí.
Expusieron que Carrillo Vázquez “era defensor de la tierra y el territorio, (y estaba) en contra de la minera Peñasquito, que ha estado devastando el agua, el territorio y el medio ambiente de Mazapil”.
La CNDH ignoró amenazas contra el activista, acusan
Felipe Pinedo Hernández, quien acompañó al líder transportista en las protestas y bloqueo a las instalaciones de la minera Peñasquito –ubicada en el municipio de Mazapil, en el norte de Zacatecas– durante tres meses en 2019, exigió a las autoridades federales que el homicidio de Carrillo Vázquez “sea investigado y sean sancionados conforme a derecho los responsables materiales y autores intelectuales”.
Pinedo destacó que el año pasado se pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ordenara medidas de protección para José Ascensión Vázquez luego de que recibió amenazas, pero nunca respondió a la solicitud.
