Luego de permanecer nueve años en prisión, acusada de homicidio al abortar de forma involuntaria, la joven salvadoreña Sara Roge recuperó finalmente su libertad y pidió justicia para las demás mujeres encarceladas por situaciones similares.
El Tribunal de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de Cojutepeque, de El Salvador, le otorgó en audiencia el beneficio de la “libertad condicional” el pasado 31 de mayo, al considerar que “cumplió con los requisitos establecidos en el Código Penal” de su país, que se caracteriza por contar con una de las leyes más restrictivas de aborto en el mundo.
En videoconferencia de prensa desde El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto –colectivo que defiende los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de El Salvador–, señaló que Sara Roge “fue víctima del ensañamiento judicial” y gracias a los peritajes científicos se pudieron “desvirtuar las acusaciones” en contra de ella, por lo que el pasado lunes salió de una cárcel para mujeres en las afueras de la ciudad de Zacatecoluca, al sureste de la capital.
“No somos una amenaza para la sociedad”, dijo Sara al pedir justicia por el resto de las 17 mujeres que continúan privadas de su libertad por las mismas razones.
El 8 de octubre de 2012, la estudiante, entonces de 18 años, fue detenida después de acudir a un hospital con una hemorragia y fue procesada por la justicia salvadoreña, que la acusó de homicidio agravado.
Comentó que en su casa, en la zona rural del departamento de Cuscatlán, tropezó y se cayó, lo que provocó lesiones graves, sangrado y la pérdida de su embarazo.
“No me fijé que había un pedazo de jabón en el suelo y me deslicé. Lo siguiente que recuerdo es estar en el hospital. Me habían metido en el área donde tenían a todas las mamás y los niños, así que empecé a preguntar por mi hija, pero nadie me decía nada, sólo que no tenía que moverme porque estaba muy mal de salud, que estaba sangrando demasiado”, contó Sara Roge.
En su participación, Ruth Abigail Cortez, activista del colectivo, señaló que en El Salvador la criminalización está asociada con las “complicaciones del embarazo y penalización absoluta del aborto. Esta legislación genera un andamiaje criminalizador contra las mujeres”.
Con la libertad de Sara, añadió, “podemos apelar para que se garanticen los derechos reproductivos de todas las mujeres criminalizadas por haber sufrido un aborto y que sean tratadas con humanidad”.
