Con el fin de llevar a la práctica el compromiso previamente suscrito entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, la Casa Blanca aportará 130 millones de dólares para dar asistencia técnica durante los próximos tres años en la implementación de la reforma laboral.
Tras la reunión Harris-López Obrador, ayer en Palacio Nacional, el gobierno estadunidense difundió una “hoja informativa” en la que delineó los alcances del encuentro bilateral, en los que además de ese apoyo financiero, subrayó la cooperación para apoyar a Centroamérica y mitigar la migración, acciones en materia de seguridad y el crimen organizado, y la inyección de apoyos en los estados del sur de México que permitan crear empleos y reducir las desigualdades.
La delegación estadunidense calificó de “histórica y revolucionaria” la reforma laboral promulgada por el gobierno de López Obrador el primero de mayo de 2019.
Además de la reunión con el mandatario, como parte de su agenda de trabajo en México, Harris y su comitiva tuvieron encuentros con mujeres emprendedoras y líderes laborales. Con estos últimos, la vicepresidenta destacó el interés de la administración de Joe Biden por un sindicalismo “verdadero”, por contratos colectivos justos para los trabajadores e impulsar un mayor rol de la mujer en lo laboral. A este encuentro asistió, entre otros, Imelda Jiménez, en representación del líder del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia.
Tráfico de armas y drogas
En lo referente a la seguridad, Harris informó en conferencia de prensa a la que sólo tuvieron acceso periodistas estadunidenses que también habló con López Obrador del tráfico de armas y drogas, en específico sobre el fentanilo, además de la necesidad de incrementar la seguridad en los puertos de México.
Añadió: “Las organizaciones criminales trasnacionales no reconocen fronteras. Representan una amenaza para todos los pueblos y requieren una respuesta conjunta”.
También se acordó trabajar en conjunto en estrategias forenses para resolver los más de 87 mil casos de desapariciones en México y poner fin a la impunidad por estos delitos.
Las dos delegaciones coincidieron en la necesidad de impulsar proyectos enfocados en el desarrollo agrícola y el apoyo a los jóvenes de Guatemala, Honduras y El Salvador para mitigar las causas de la migración.
El combate a la trata y tráfico de personas y el impuso de las economías de las entidades del sur de México fueron parte de los acuerdos en materia migratoria.
