La Secretaría de Cultura federal (SC) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunciaron ayer que se suspenden “los efectos normativos” de la actualización hecha a los lineamientos para la investigación arqueológica en México, aprobada el pasado 22 de abril y puesta en vigor en mayo. La decisión se tomó después de que especialistas y representantes del gremio manifestaron su inconformidad con las reformas, por considerar que frenan la labor científica por ser “burocráticas, centralizadoras y punitivas”.
En rueda de prensa, el director del INAH, Diego Prieto, argumentó que los nuevos lineamientos “no tuvieron las publicidad necesaria” para que fueran analizados por la comunidad, a pesar de que “se subieron a la normateca con 20 días de anticipación”, antes de que se aprobaran.
El funcionario se comprometió a que se mantendrá la vigencia de los lineamientos anteriores en tanto se lleva a cabo un proceso “de deliberación y consulta para que puedan participar todos los compañeros de la comunidad arqueológica, incluyendo quienes provienen de otras especialidades (restauradores, antropólogos físicos, paleontólogos, biólogos, geólogos) y otras instituciones”.
El arqueólogo Leonardo López Luján, una de las voces que encabezaron la petición, consideró que el titular del INAH “ha dado ahora un primer paso, lo cual es una magnífica señal”. En entrevista con La Jornada señaló que “en lo personal, no puedo más que agradecer que se haya escuchado a un gremio inconforme por la manera acelerada en que se degrada en México una profesión en la que hoy somos referente a nivel internacional”.
El director del Proyecto Templo Mayor expresó que “todos, estoy seguro, coincidimos en la tremenda importancia de la existencia de lineamientos que normen nuestro quehacer, fundamentalmente porque somos responsables de algo muy sensible: el patrimonio arqueológico de los mexicanos. Las normas son indispensables, pero, ¡por favor!, normas inteligentes y de visión amplia que promuevan el florecimiento de la arqueología en México”.
El pasado 3 de junio se difundió un documento donde el gremio que realiza investigación arqueológica en diversas instituciones nacionales y extranjeras se sumó a la demanda expresada por arqueólogos del INAH. En la carta pública exigían la derogación de los recientes lineamientos y la realización de una consulta para “lograr una iniciativa más acorde a nuestro quehacer y que permita la eficiencia en nuestro trabajo, sin demérito de la protección del patrimonio arqueológico”.
Entonces, López Luján pidió: “defendamos la libertad de investigación, la pluralidad de prácticas y visiones en una ciencia en la que México es líder en el mundo”. Estefue uno de los mensajes con el que López Luján llamó a sumarse a la petición, que al momento del anuncio de la SC, la mañana del mar-tes, ya contaba con más de mil 700 firmas en la plataforma Change, cifra que sigue en aumento.
La dependencia federal apuntó ayer que la finalidad de la suspensión de la nueva normatividad es “abrir un espacio de escucha de las inquietudes y propuestas que se han vertido por parte de la comunidad académica de la especialidad de arqueología y de otras disciplinas que también participan en excavaciones, proyectos e investigaciones arqueológicas”.
Leonardo López Luján añadió que “hay que conformar un nuevo Consejo de Arqueología que honre la estatura académica y como funcionarios de sus dos primeros presidentes: Ignacio Bernal y Eduardo Matos. Por los requerimientos actuales, ese nuevo órgano no sólo debería contar con muchos más integrantes, sino ser más plural, más incluyente. Además de los directivos que se nombran de manera automática, debe haber numerosos investigadores de prestigio que le den voz a los actores que se ocupan de diversas regiones, temáticas, tipo de intervenciones, especialidades, etcétera”.
