No será inmediato el balance formal y político de los resultados de la elección del 6 de junio. Seguramente mediarán impugnaciones de diversos partidos, como expresión del clima de polarización y de violencia que caracterizó al proceso. Sin duda, será significativo conocer resultados sobre las gubernaturas en juego y las casi 2 mil presidencias municipales en renovación que moverán o reafirmarán la dinámica de factores de poder local, así como el mapa político nacional, vigente en el primer trienio del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, es la futura composición de la Cámara de Diputados la que impactará en directo al segundo trienio del sexenio en curso. Fue ese espacio con su mayoría calificada de Morena y sus aliados, el que permitió que desde Palacio Nacional se tomaran decisiones convertidas en iniciativas de reformas constitucionales y legales, que aprobaron, en general sin cambiarle “ni un punto ni una coma”. Es probable que la próxima legislatura presente dificultades para operar como ha sucedido hasta ahora, al variar su composición en términos menos favorables. A esa evidencia del cuestionado principio de división de poderes se suman los entredichos del Poder Judicial. Por cierto, vale recordar que tal situación, el llamado presidencialismo hegemónico, tiene larga historia en el país. De esta manera, en el trienio restante se verá la factibilidad de las reformas constitucionales que tendría en la agenda el titular del Ejecutivo y que requieren mayoría calificada, dos terceras partes de votación, si bien su muy probable mayoría simple permitiría la aprobación de un factor clave, como la definición del presupuesto anual de ingresos y egresos. .
En ese contexto, es importante destacar que parece evidente la continuidad de los megaproyectos en curso, como el llamado Tren Maya y el corredor transístmico que no han pasado por aprobación alguna del Poder Legislativo y que el Poder Judicial en los hechos no ha puesto freno efectivo a los mismos ante las demandas de amparos gestionados por pueblos indígenas en nombre de los derechos colectivos que tienen reconocidos. Sin evidencias sobre respeto a los estándares internacionales en materia de consulta y consentimiento; sucede igual sobre las afectaciones ambientales, en Campeche y en Oaxaca, actualmente avanzan sobre las tierras ejidales y comunales que requieren para sus polos de desarrollo y abren supuestas negociaciones; en el primer caso firmando contratos de ocupación anticipada previos a la expropiación. En cuanto a la petición que se hizo en el caso del Istmo de no perder sus tierras y en cambio asociarse, les han respondido que no pueden ser socios, pues las empresas buscan certidumbre y aún no se conocen las interesadas en invertir. Se trata de dos de las prioridades del Presidente de la República en nombre de un supuesto progreso, quien mantiene respaldo aún cercano al que obtuvo en 2018 con su triunfo. Finalmente, los programas sociales han comprometido la adhesión a quien consideran su benefactor, no como producto de sus derechos por más que los hayan incluido en la Constitución. Si los pueblos indígenas no son prioridad en la llamada 4T, les queda la resistencia y de ella siguen dando cuenta. Tampoco lo son para los partidos políticos, no están en sus agendas, incluso han realizado el bochornoso espectáculo de suplantar a las escasas candidaturas para indígenas de acción afirmativa. También, hay que reconocerlo, para el conjunto de la sociedad no se ha logrado combatir la hegemonía de una visión racista en nombre de la supuesta igualdad.
En contraste, hay que señalar que un frente abierto por el gobierno federal es el relativo a las reformas a la Ley de Hidrocarburos y la de la industria eléctrica donde las empresas, han impugnado la mera posibilidad de que cancelen sus contratos, con la intención de recuperar soberanía energética. El Poder Judicial esta vez sí ha sido diligente al decretar suspensiones definitivas y exigir al Poder Ejecutivo que las respete. El otro flanco que utilizarán las empresas es el de litigio internacional a partir de violaciones al T-MEC. Se amparan en el respeto a contratos firmados y en el hecho de que en México los inversionistas nacionales y extranjeros generan nueve de cada 10 empleos Una de las condiciones más importantes para que mantengan e incrementen su inversión en el país, señalan, es la existencia de un marco legal que les ofrezca certidumbre. Como vemos, se puede pasar por encima de los territorios indígenas y de sus derechos, pero no resulta fácil enfrentar al capital trasnacional. ¿Será por eso que no se optó por abrogar la reforma constitucional energética de Peña Nieto? Los claroscuros están a la vista y solo damos cuenta de algunos ejemplos. La realidad económica y política es más compleja cuando se inicia en la práctica la cuenta regresiva del sexenio.
