El acuerdo con el que los países del G-7 (Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido) se comprometieron a imponer un impuesto mínimo a las grandes corporaciones es insuficiente y sólo beneficia a los países más industrializados, reprocharon organizaciones sociales.

“Esto es un cambio global en las normativas, pero en América Latina, con ese 15 por ciento los países recibirán casi nada”, expuso Luis Moreno, coordinador del área de Justicia Fiscal de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd).

La propuesta no sólo queda debajo del 21 por ciento propuesto por el gobierno de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, está lejos del 25 por ciento mínimo que promueven organizaciones.

De acuerdo con el modelo de la Red para la Justicia Fiscal, una tasa de 25 por ciento podría generar 780 mil millones de dólares en ingresos adicionales en todo el mundo y aún dejar a las multinacionales con las tres cuartas partes de sus ganancias brutas.

La organización detalla que los países fuera del G-7 podrían recibir 355 mil 700 millones de dólares, y los países miembros de dicho organismo se quedarían con 428 mil 200 millones de dólares, más de la mitad de los ingresos por gravar a sus empresas trasnacionales.

En cambio, el impuesto de 15 por ciento que promueven los países del G-7, bajo la regulación propuesta por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, dejaría 170 mil millones de dólares en esas siete economías de ingreso alto y apenas 100 mil millones en el resto de los países donde sus empresas hacen negocio.

Moreno recalcó que la propuesta difundida el fin de semana “es un fracaso” porque “todo el mundo fuera del G-7 no obtendrá beneficios con este impuesto, dinero que se necesita hoy más que nunca para paliar las necesidades y crisis que ha provocado la pandemia por el Covid-19”, misma que disparó las ganancias de las grandes corporaciones tecnológicas a nivel mundial.

La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional subrayó que el acuerdo no tiene nada de histórico, dado que –como en las pasadas cuatro décadas– “las instituciones internacionales han fracasado a la hora de abordar uno de los aspectos más tóxicos de la globalización: la evasión y elusión fiscal de las multinacionales, que supone una pérdida de ingresos de al menos 240 mil millones de dólares al año”.

Agregó que una tasa de 15 por ciento se acerca a la de “paraísos fiscales como Irlanda y Suiza”. Subrayó que se necesita que el G-20 en julio, promueva un impuesto más alto con el objetivo de que los países dispongan de recursos suficientes para financiar servicios públicos de calidad y crear una economía más resistente después de la crisis.

Joseph E. Stiglitz, profesor de la Universidad de Columbia y miembro de la comisión, aseguró que es “crucial”que las naciones ricas asuman un impuesto mínimo de al menos 21 por ciento, lo cual, combinado con la adopción generalizada de un mínimo de al menos 15 por ciento por parte de otros países, “garantizaría que la gran mayoría de los beneficios empresariales del mundo contribuyeran a proporcionar los ingresos que necesitamos desesperadamente mientras salimos de la pandemia”.