Una veintena de pueblos de Yucatán, algunos con poco menos de tres mil habitantes, escucharon con mucha atención la resolución del pasado 19 de mayo de la Suprema Corte de Justicia, que suspendió de manera definitiva de la megagranja porcícola de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO),subsidiaria de Kekén, a favor del pueblo maya de Homún, 55 kilómetros al sureste de Mérida.

Al desaparecer totalmente la industria del henequén, este pueblo volvió a conocer una modesta prosperidad desarrollando negocio de turismo ecológico. Desde la entrada de la comunidad, los mototaxis esperan a los visitantes a un recorrido por los diferentes cenotes abiertos en los terrenos de los campesinos, La mitad de los habitantes han encontrado así un modo de subsitencia independiente.

Luego de tres años de batallas legales, el fundamento del fallo de la SCJN se inclinó a favor del derecho de los niños de Homún al agua limpia y en contra del funcionamiento de una megagranja de cerdos, propiedad de la exportadora de carne porcina mas importante del país. Un caso como de David contra Goliat.

Aquí el gigante vencido es un consorcio que posee mas de 257 granjas porcícolas en esta región del Sureste, 43 ellas en zonas de riesgo ambiental y 36 ubicadas en el llamado Anillo de Cenotes (datos de Greenpeace). Solo la granja de Homún produciría –se calcula—dos millones de kilos de heces al mes, materia orgánica que amenaza con contaminar los mantos acuíferos y los cenotes. Keken forma parte del Grupo KUO, un gigante industrial con ramas en las industrias de la alimentación, la química y automotriz.

Desde el punto de vista legal, asegura la abogada que representó a los pobladores de Homún en el juicio, Lourdes Medina, “se sienta un precedente en los juicios en materia ambiental en todo el país, en particular en Yucatán, y abren nuevas posibilidades para muchos otros litigios, incluidos los que se han presentado en torno al Tren Maya”.

Desde la perspectiva de los pueblos mayas y la naturaleza pluricultural de Yucatán, expresa la socióloga Cristina Muñoz Menéndez, dirigente del Equipo Indignación, “se abre la oportunidad de resolver conflictos con perspectiva de pueblo; de que los mayas gestionen sus territorios y rompan esa relación de servidumbre, que viene de la dolorosa experiencia de la hacienda del pasado.

“A partir de una reflexión que hicimos en el Equipo cuando cumplimos 20 años, entendimos –y ahora sabemos que los pueblos a los que hemos acompañado así también lo entienden-- que si ganábamos un caso no habíamos ganado nada. Que solamente como sujeto colectivo podremos resolver nuestras controversias y hacer leyes”.

Kinchil, abejas o cerdos

Kinchil, un pueblo apicultor de no mas de 6,500 habitantes al poniente de Yucatán, fue uno de esos lugares donde el fallo de Homún tuvo una resonancia especial.

Ellos llevan ya 10 años padeciendo la contaminación de aguas negras que genera esta industria de la casa matriz Keken. Aquí no hay cenotes en riesgo de perder sus aguas prístinas. Son las poblaciones de abejas melíferas las que han huido, ahuyentadas por lagunas de aguas negras y pestilentes que empezaron a aparecer hace cinco años, con las excretas de miles de cerdos que la empresa desecha impunemente en sus montes.

Kinchil, recuerda el historiador José Koyoc Ku, fue el epicentro de este movimiento de demandas contra la industria porcícola por daño ambiental en los pueblos de Yucatán. Desde hace 20 años Keken se hizo de terrenos nacionales con compras irregulares. La primera demanda contra la empresa data 2015. Pero antes hubo también demandas por la extracción de material pétreo y agua. Las autoridades siempre respondieron con negligencia, inspecciones mal hechas y omisiones. “Eso siempre ha pasado cada vez que los pueblos tratan de utilizar los instrumentos legales”.

Desde 2017 Kinchil tiene presentadas demandas diversas ante la Procuraduría Agraria por despojo de Terreno, la Profepa, la Semarnat y la Secretaría d Desarrollo Sustentable de Yucatán.

¿Y porqué les ilusiona a esos pueblos mayas que se resisten a perder su identidad una resolución de la Corte contra una mega granja porcícola?

“Porque los principios legales que sustentaron este fallo luego de una batalla en tribunales de más de tres años se basaron en los derechos colectivos de los pueblos mayas, no solo a un medio ambiente sano sino al pleno goce de sus territorios. Esa es la novedad”, apunta la abogada del Equipo Indignación que llevó el caso de los Guardianes de los Cenotes de Homún, Lourdes Medina Carrillo.

Integrante del Equipo Indignación, Medina explica las particularidades que se dieron en este proceso y que fueron la clave en esta insólita victoria jurídica:

“Para las poblaciones afectadas por algún proyecto como el de las granjas porcícolas es muy difícil salvar distintos obstáculos que pone la misma ley. Por ejemplo, son ellas las que tienen que comprobar que determinado proyecto provoca daño ambiental, mucho mas si no es un daño ya consumado sino preventivo. Esto queda fuera del alcance de muchos porque son peritajes muy caros. Por eso fue determinante que la parte denunciante fueran niños y niñas de Homún, porque como sujeto legal tienen otros privilegios. También fue clave que se aplicara el principio precautorio (evitar un posible daño futuro). Otro candado es que en el catálogo de pueblos mayas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Homún no aparece como tal. Fue muy difícil sortear eso porque en los juzgados no tienen perspectiva de pueblo indígena ni se rigen por conceptos como territorio y libre determinación”.

Por eso, al hacer valer el principio precautorio y reconocer el derecho de los niños –y por ende el pueblo maya—al ambiente sano cambia la perspectiva para que muchos otros pueblos tengan acceso a la justicia.

Chablekal, bocado exquisito para inmobiliarias

Y otros pueblos, como Chablekal (a menos de una hora al norte de la capital estatal) y Kanxoc, en el extremo oriente del estado, ya fronterizo con Quintana Roo, lo han entendido así miran esperanzados esta resolución, por razones distintas.

Chablekal, apenas a 15 kilómetros de Mérida, casi desdibujado como pueblo, defiende denonadamente el polígono de Misnebalám, un reducto de monte de no mas de 286 hectáreas apetecido por urbanizadores e inmobiliarias que ya se “tragaron” casi todas las tierras ejidales de la localidad. Según la autoridad del tribunal agrario, nada impide que esa tierra ejidal se venda porque ahí, puro monte, “no hay nada”. Pero para los pobladores originarios esa “nada” tiene otro valor: “Son los últimos pozos naturales y ojos de agua que nos quedan, además de vestigios arqueológicos y especies vegetales y animales”, nos explica José Euán, de la Unión de Defensa.

A su vez, Kanxoc exige desde hace años que los tribunales agrarios dicten una suspensión contra la tala ilegal de su bosque maderable. Aprovechando una división ilegal y mal hecha del ejido en dos partes, los taladores aprovechan los vacíos legales para extraer los abundantes árboles de jabín, tzalam y cedro rojo, de alta demanda en la hotelería de la ya cercana rivera maya.

Y como estos pueblos, en muchos otros –San Fernando, Halachó, Chapab, Maxcanú, Kanachen, Paraíso, Huncumá, Sudzal—el fallo de Homún les significa una esperanza de conseguir justicia en sus batallas legales por el reconocimiento de sus derechos, infructuosas hasta ahora.

Euán Romero, de la Unión de Pobladores en Defensa del Territorio de Chablekal, asegura: “La resolución de la SCJN sobre el caso de Homún de alguna manera sienta un precedente para nosotros. Al reconocer el derecho de un pueblo a un medio ambiente sano se reconoce también que el pueblo maya que tiene derechos que se tienen que considerar”, explica.

Él y sus compañeros están empeñados que su pueblo no corra el mismo destino de otros, como Cholul y Temozón, que en cuestión de un lustro fueron devorados por la expansión urbana de Mérida.

Chablekal es ya una de las zonas de mayor plusvalía en la pujante capital estatal. El crecimiento es reciente (menos de 10 años) y vertiginoso. Ya se asentó sobre tierras ejidales el nuevo Club de Golf, con su cauda de proyectos de zona Premium, como le llaman (campo de golf, torres de condominios, fraccionamientos exclusivos, escuelas y universidades privadas, albercas y lagos artificiales por doquier). Como apunta Betty Euán, también integrante de la Unión, la mayor parte de los ejidatarios “ya mal vendieron sus terrenos. A otro ni siquiera les pagaron”.

No se trata nada mas de un despojo de tierras “sino un cambio en su forma de vivir, de ser, que tiene una vinculación ancestral. La ciudad no solo se los come geográficamente sino también los avasalla como cultura de los pueblos”, dice Mauricio Casares. Cita ejemplos: “Ya no se reconocen los jueces mayas, jueces de paz. Hay que ir a los tribunales de Mérida. Hasta para enterrar a sus muertitos dependen de las autoridades de la capital”.

De ahí que la Unión decidiera hace ocho años tomar posesión Misnebalam, 286 hectáreas de tierras ejidales destinadas a uso común. “Es nuestra última frontera”.

Pero ante los tribunales agrarios tienen todo en contra. “El Estado no entiende, o si entiende hace como si no entendiera. Rechaza todos nuestros argumentos porque no están basados en la ley agraria, son otros elementos que giran en torno a la libre determinación de los pueblos y el derecho al territorio.”

El historiador José Koyoc Uc se va al siglo 19 para ilustrar el proceso de expansión urbana de hoy: “Mérida se expande en el siglo 19 comprando territorios de las haciendas y los pueblos de alrededor. Así los pueblos antiguos quedan reducidos a comisarías. Ya en el siglo 20 sigue el proceso. Chuburná quedó dentro de la mancha urbana en los cincuenta. Luego al sur Kanasín; Cholul al Norte más recientemente. Es impresionante lo rápido que cambió el paisaje, ya sin monte y sin perfil de pueblo. Al oriente lo de Caucel fue terrorífico. Lo mismo Kumpich, Sodzil Norte, San Gertrudis Copó, Temozón. En el atlas de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ya ni siquiera aparecen como pueblos. Y eso es lo que está pasando en Chablekal. Y mientras tanto, la SEDATU, la jurisdicción agraria, los de Conagua, los de Semarnat están hablando exactamente como lo hacen en los documentos del siglo 19. Consideran que los territorios que están en manos de los mayas son improductivos”.

Cristina Muñoz añade: “Si tenemos éxito en la estrategia, las consecuencias van a ser de fondo. Chablekal no van a recuperar nunca las tierras donde ahora está el Country Club. Pero en el futuro no podrá haber otro Country Club que despoje a otro pueblo como lo hicieron aquí. Esto toca un punto muy sensible a nivel nacional porque sin excepción todas las grandes ciudades de México han crecido sobre ejidos y tierras comunales.