Ciudad de México. El año pasado se rompió récord de huracanes, 31 fenómenos en el Atlántico; entre 2001 y 2018 se perdieron alrededor de 3 millones 816 mil hectáreas de bosques y selvas y en este momento 85 por ciento del territorio nacional está en sequía. En este contexto se celebra hoy el Día Mundial del Medio Ambiente.
Esta conmemoración ocurre en un contexto global de crisis ecológica y una emergencia climática que aún no se desactiva, y que desalienta a muchos para tomar acción, sostuvo Gustavo Ampugnani, director de Greenpeace México.
Fechas como esta deben servir para “tomar consciencia de que la relación que hoy tienen nuestras sociedades con el entorno natural tiene que cambiar drásticamente y ser más respetuosa: hay que cambiar la manera de generar y consumir energía, de producir y consumir alimentos, de satisfacer nuestras necesidades humanas sin destruir los ecosistemas ni poner en riesgo la supervivencia de las futuras generaciones”.
Dijo que afortunadamente existe la información, las alternativas y mucha experiencia para llevar adelante ese cambio, tanto nivel local como regional, nacional y global.
Por su parte, Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), señaló que los temas ambientales no son prioridad para el gobierno federal. El mejor ejemplo es el desprecio por las energías limpias que va de la mano de la promoción del uso de combustibles fósiles (refinerías y carboeléctricas) y en consecuencia la generación de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global.
Agregó que otro ejemplo son los recortes al sector ambiental, que en casos como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es de casi 60 por ciento, y consideró que “urge que la agenda ambiental sea considerada como un tema de seguridad nacional”.
Greenpeace presentó la propuesta Reverdecer las ciudades, en la que evalúa y plantea acciones para la ciudad de México y otras urbes. En el documento refiere que la distribución de los espacios públicos verdes en el Valle de México es una muestra de la “injusticia medioambiental urbana”. Indica que la mayor parte de la infraestructura verde es de baja calidad, lo que impide que se proporcionen los servicios ecosistémicos urbanos necesarios para mejorar la resiliencia de la Ciudad de México.
Agrega que la dotación de espacios públicos urbanos se ve socavada por una tendencia a la mercantilización y privatización a favor de corporaciones nacionales e internacionales que buscan beneficios económicos.