Mientras el presidente Biden titubea entre mantener o no su promesa de campaña de revertir las sanciones económicas contra Cuba, y cuándo, la gente de la isla padece hambre. Cuba importa 70 por ciento del alimento que consume y sus ingresos de comercio exterior se han desplomado debido al corte de remesas dictado por Trump y al cierre de la industria turística causado por el Covid-19. La carestía de alimentos ha agravado una situación de por sí precaria, al producir severa escasez y la amenaza de una crisis humanitaria.

El hambre ha sido un arma del arsenal de Washington desde que Dwight D Eisenhower ocupaba la Casa Blanca. En enero de 1960, Eisenhower sugirió bloquear la isla, arguyendo: “Si (los cubanos) tienen hambre, echarán a Castro”. En abril de 1960, el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Lester D Mallory, propuso: “deben intentarse de inmediato todos los medios para debilitar la economía de Cuba, producir hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.

El ex presidente John F Kennedy impuso a Cuba el embargo económico más amplio a que Estados Unidos haya sometido a nación alguna, incluyendo la prohibición de vender alimentos y medicinas. El núcleo de ese embargo se ha mantenido desde entonces.

De 1975 a 1992, Cuba podía comprar bienes de las subsidiarias de empresas estadunidenses en terceros países. Noventa por ciento de los 700 millones de dólares en mercancías que Cuba adquiría cada año eran alimentos y medicinas. George H W Bush, con apoyo del candidato presidencial William Clinton, promulgó la Ley de Democracia Cubana, que suprimió esas compras precisamente cuando la economía cubana se derrumbaba debido a la pérdida de la ayuda soviética. También entonces los cubanos padecieron hambre. “La escasez de alimentos y los problemas de distribución han causado desnutrición y enfermedad”, informó la CIA en 1993.

La campaña de “máxima presión” del gobierno de Trump se proponía bloquear las fuentes de ingresos del exterior para Cuba al limitar los viajes desde Estados Unidos, las remesas y las ganancias por la exportación de servicios médicos. El objetivo, según señaló Mike Pompeo, entonces secretario de Estado a diplomáticos europeos, era “matar de hambre” a la isla para derrocar al gobierno. Hasta ahora, el presidente Biden ha mantenido esas sanciones.

Aun si Estados Unidos ya no prohibiera la venta de alimentos a Cuba, al intensificar las sanciones económicas, Washington obstruye la capacidad cubana de obtener ingresos suficientes para adquirir reservas alimenticias de cualquier parte. Además, al exacerbar la escasez de alimentos, obligando a los cubanos a hacer filas durante horas en medio de la pandemia, la política estadunidense también obstruye la capacidad cubana de controlar la propagación del Covid.

La comunidad internacional considera que usar la comida como instrumento de coerción constituye una violación del derecho humanitario internacional. En 2018, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Resolución 2417, que condena la privación deliberada de alimentos “en situaciones de conflicto”, como una amenaza a la paz y seguridad internacionales. La Resolución se enfoca en conflictos armados, pero el principio subyacente no es menos aplicable a conflictos en los que un país tiene la capacidad de imponer la inseguridad alimentaria a otro, incluso sin el uso de la fuerza armada.

La comunidad internacional ha dejado en claro lo que piensa del embargo estadunidense. Desde 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado por mayoría abrumadora una resolución que llama a Estados Unidos a levantar el embargo debido a sus “efectos adversos sobre el pueblo cubano”. En 2019, la votación fue de 187 a favor y tres en contra (Estados Unidos, Israel y Brasil).

El gobierno de Biden aún no completa la revisión de su política hacia Cuba, pero los funcionarios, cuando se les pregunta, nunca dejan de contestar que se centrará en la democracia, los derechos humanos y en “dar poder al pueblo cubano”. En su audiencia de confirmación, Brian Nichols, propuesto por Biden para secretario de Estado asistente para Asuntos del Hemisferio Occidental, declaró: “debemos enfocar nuestros esfuerzos en lo que es mejor para el pueblo cubano”.

El Día de la Independencia de Cuba, el secretario de Estado Anthony Blinken dirigió su discurso al pueblo cubano, asegurando: “reconocemos los retos que muchos de ustedes enfrentan en su vida cotidiana”, y prometió: “apoyaremos a quienes mejoran la vida de familias y trabajadores”.

Nobles sentimientos, pero su sinceridad es desmentida por las sanciones de la era de Trump que el gobierno de Bi-den nada ha hecho por cambiar, sanciones que hacen más pesada la vida cotidiana de las familias en Cuba. Además, tener alimento suficiente es un derecho humano fundamental, como afirmó el ex presidente Franklin D Roosevelt al incluir la “libertad de la necesidad” entre sus “cuatro libertades”. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que Estados Unidos suscribió, incluye el derecho a una alimentación apropiada.

Si el presidente Biden quiere apoyar los derechos humanos en Cuba y dar poder al pueblo cubano, puede comenzar por aliviar la crisis alimentaria poniendo fin a la prohibición de remesas dictada por Trump y restaurando el derecho de viajar para los residentes en Estados Unidos. Las remesas ponen dinero directamente en el bolsillo de las familias cubanas. Restaurar el derecho de viajar ayudará al desfalleciente sector privado cubano a recuperarse después del Covid. El flujo resultante de divisas extranjeras permitirá al gobierno importar más alimentos, en especial para las poblaciones marginadas –madres solteras, ancianos y personas pobres– que no tienen acceso a las divisas fuertes.

No hay excusas para la demora. No se requiere una revisión profunda de las políticas para reconocer que existe una crisis alimentaria en Cuba debida, en parte, a las políticas estadunidenses, y que ayudar a remediarla es una obligación moral, una extensión de la responsabilidad de proteger. Además, son acciones que durante su campaña Biden prometió adoptar. Cada día de retraso es un día más de hambre para los cubanos.

* William M LeoGrande es profesor de gobierno en la Universidad Americana en Washington, y coautor con Peter Kornbluh de Black Channel to Cuba: The History of Negotiations between Washington and Havana.