En el Valle de San Quintín, en Baja California, los niños y adolescentes dejaron de trabajar las largas y agotadoras horas en los campos agrícolas, pero siguen sin poder ingresar a la escuela ni se les garantizan otros derechos que estimulen su desarrollo físico e intelectual.

Se trata de uno de las más importantes zonas productoras del país dedicada a los cultivos de hortalizas, donde el trabajo infantil se redujo de manera sustancial, hasta en 80 por ciento.

“Antes de 2015 encontrábamos niños de 10 a 14 años dentro de los campos agrícolas. Pero a partir del paro laboral de ese año hubo una reducción considerable”, comentó Lorenzo Rodríguez Jiménez, dirigente del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), conformado por jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín.

Fue en marzo de 2015 cuando 70 mil jornaleros de esa región realizaron una huelga en demanda de salarios dignos, ya que les pagan por destajo, sin prestaciones y laboraban en condiciones deplorables, además de que había mucho trabajo infantil en la región.

Seis años después, “difícilmente puedes encontrar niños dentro de los campos agrícolas en Baja California, lo que nos ha permitido avanzar en el objetivo principal de defender los derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas”.

No obstante, dijo, continúan atendiendo el tema de los jóvenes y niños porque “el gobierno no tiene un plan integral o alternativas para ellos”, ya que muchos dejaron de ir a la escuela. Una vez que salen de los campos, “difícilmente encuentran en qué enfocarse o entretenerse”.

Rodríguez Jiménez dice que el trabajo ha sido complicado. Por ello, se ha buscado a través de distintas organizaciones implementar actividades de recreación para que puedan desarrollarse en la cultura, el teatro y “erradicar la deserción escolar”, comentó al participar en el Diálogo Abierto para una Reforma Integral sobre Migración Laboral.

Al respecto, Margarita Nemecio, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, señaló que los niños y adolescentes que migran con sus padres se ven obligados a trabajar en los campos porque, en gran medida, dependen del lugar donde las familias de jornaleros se empleen.

Si se trata de una empresa trasnacional, existen mejores condiciones para quienes llevan a sus hijos, al proporcionarles una estancia infantil “que les permita seguridad mientras van al campo”. Pero si laboran con un agricultor informal, donde la única garantía que van a tener es el salario, eso obligará a que la madre trabajadora cargue con sus hijos y los dejé en los surcos.

Margarita Nemecio destacó que no existen registros vigentes sobre la población jornalera. El ejercicio más actual se presentó en 2009, en la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO), realizada por la Secretaría de Desarrollo Social, la cual señala que poco más de 2 millones de personas, de manera temporal o permanente, llevan a cabo actividades de agricultura en diferentes zonas del país. Se estima que alrededor de 350 mil tienen entre 3 y 17 años de edad.

“Los estudios que están se renuevan, se revalorizan y se vuelve a generar estadística, pero no se ha hecho nada que aporte nuevos elementos para tener una radiografía más amplia para estudiar a profundidad sus ciclos migratorios”.