San Diego. El gobierno de Joe Biden encargó discretamente a seis grupos humanitarios que recomienden cuáles migrantes deben ser autorizados a quedarse en Estados Unidos en lugar de ser expulsados rápidamente en cumplimiento de los poderes federales relacionados con la pandemia, que impiden que las personas soliciten asilo.

Los grupos determinarán quiénes son más vulnerables en México y su criterio no ha sido dado a conocer. Se produce en momentos en que grandes números de personas cruzan la frontera sur y el gobierno enfrenta crecientes presiones para levantar los poderes de salud pública instituidos por el entonces presidente Donald Trump y que Biden ha mantenido durante la pandemia de Covid-19.

Varios miembros de los grupos hablaron sobre los criterios que usan y dieron detalles del sistema que no habían sido reportados previamente. El gobierno busca admitir en el país a unos 250 solicitantes de asilo por día, que sean remitidos por los propios grupos y que hayan acordado usar el sistema hasta el 31 de julio. Para entonces, el agrupamiento espera que el gobierno de Biden haya eliminado las reglas de salud pública, aunque el gobierno no se ha comprometido a ello.

Hasta ahora, casi 800 solicitantes de asilo han sido admitidos desde el 3 de mayo y miembros de los grupos dijeron que existe más demanda de la que pueden satisfacer.

Los grupos no han sido identificados públicamente, con excepción de International Rescue Committee, organización global de ayuda. Los otros son Save the Children, con sede en Londres; HIAS y Kids in Need of Defense, con sede en Estados Unidos, y dos organizaciones con asiento en México: Asylum Access y el Institute for Women in Migration, de acuerdo con dos personas que hablaron a condición de no ser identificadas porque no estaban autorizadas a revelar la información.

Asylum Access, que provee servicios a personas que solicitan asilo en México, opinó que el papel de la organización es mínimo. Sus esfuerzos comenzaron en El Paso, Texas, y se están expandiendo a Nogales, Arizona.

Un mecanismo similar, pero separado, encabezado por la Unión Americana de Libertades Civiles, comenzó a finales de marzo y permite el ingreso a Estados Unidos de 35 familias al día en diversos lugares de la frontera. No tiene fecha para finalizar.

Los dos mecanismos son descritos por organizaciones participantes como transición imperfecta de la llamada autoridad del Título 42, que lleva el nombre de una oscura ley de salud de 1944 usada por Trump en marzo de 2020 para justificar el fin del asilo en la frontera con México.

Con las tasas de vacunación de coronavirus al alza, Biden encuentra cada vez más difícil justificar las expulsiones por razones de salud pública, y tanto la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) como miembros de su propio partido le han pedido cada vez más que suspenda los poderes excepcionales.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que sus gestiones incluyen “estrecha coordinación con organizaciones internacionales y no gubernamentales en México” para identificar a las personas vulnerables a criterio del gobierno y que tiene la palabra final sobre quién entrará a Estados Unidos. Agregó que su trabajo con los grupos es fluido y que no los ha identificado públicamente para evitar su exposición.

Algunos miembros de los grupos temen que salir a la luz pública provoque que sus oficinas en México y su personal limitado se vean abrumados por solicitantes de asilo y se expongan a amenazas y ataques físicos de extorsionadores y otros delincuentes.

Los críticos del nuevo proceso de selección dicen que se ha dado demasiado poder a un pequeño número de organizaciones y que la gestión está envuelta en el secreto, sin explicación clara de cómo fueron escogidos los grupos. Dicen además que no hay garantías de que serán escogidos entre los migrantes los más vulnerables o merecedores de asilo.

El consorcio de grupos fue escogido luego de que el gobierno estadunidense pidió a la oficina en México del Alto Comisionado de Acnur los nombres de organizaciones con más experiencia y capacidad en México, indicó Sibylla Brodzinsky, vocera de la oficina de la ONU. “Tenemos una larga relación con ellos y son socios confiables”, sostuvo.