El ex delegado en Coyoacán y diputado federal con licencia por el Partido del Trabajo, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, sí acumuló ingresos excedentes injustificados que generaron un presunto enriquecimiento ilícito, por lo que la sección instructora de la Cámara de Diputados propuso su desafuero.

El proyecto de resolución que ayer circuló el presidente de la sección, Pablo Gómez Álvarez (Morena), a los otros tres integrantes de esa instancia, describe que el ex perredista usó un prestranombres para tratar de ocultar su fortuna y que se presentó como “consultor privado” de una empresa sin ingresos, que aun así le pagó 3.5 millones sólo en 2017 y le otorgó un salario hasta 2019.

La instructora refiere que, como parte del expediente, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) sostiene que Toledo consignó ingresos por 9.4 millones de pesos, pero en realidad recibió 20.8 millones, una discrepancia de 11.4 millones.

Desde ayer los legisladores entraron a la revisión del proyecto y no se ha definido una fecha para su votación, pero en el momento en que emitan la resolución el dictamen se enviará a la mesa directiva de la Cámara de Diputados a fin de que se solicite a la Comisión Permanente un periodo extraordinario en el que se decida el desafuero solicitado por la FGJ.

La sección instructora plantea que de la revisión del cúmulo de documentos aportados, así como de las declaraciones de ingresos del legislador, “se da por acreditado su incremento patrimonial y por no acreditada la legal procedencia del total de sus activos conforme a su remuneración por el desempeño de cargos públicos, su actividad principal, como tampoco respecto de los cuantiosos recursos que ha recibido de una actividad paralela como consultor privado”.

Aun cuando Toledo ha recibido ingresos importantes como diputado federal, incluyendo “un préstamo por una suma relevante que afirma haber obtenido de la Cámara de Diputados en 2010”, cuando fue diputado por primera vez, compró dos inmuebles y un vehículo de lujo entre ese año y 2011, “bienes cuyo valor en aquel entonces arroja una diferencia respecto de sus ingresos superior a 2 millones de pesos”.

También se corroboró que existe una discrepancia en el valor de uno de los inmuebles en Tlalpan. La defensa del diputado Toledo –quien busca la relección por el PT en un distrito de Puebla– sostuvo que costó 5.5 millones, pero el avalúo entregado por la fiscalía lo tasó en 10.5 millones.

Hay una diferencia entre los ingresos y lo reportado por 1.5 millones en 2017; ese mismo año, recibió otros 2.5 millones de pesos, pero no hay respaldo documental que justifique que fue un pago por sus servicios.

Llama la atención que en 2019 “el inculpado compró dos departamentos en distintos conjuntos habitacionales el mismo día y a la misma persona, quien además figura como uno de los personajes cercanos a él durante el periodo investigado, tanto en el servicio público como en transacciones privadas” y que podría ser su prestanombres.