Ni el Pentágono ni la oligarquía van a ceder ante la calle y la sociedad colombianas, porque temen perderlo todo si dan medio paso al costado. Están dispuestos a provocar un baño de sangre antes que ceder, incluso van a hacer lo imposible por evitar una derrota electoral en mayo de 2022.

En el ajedrez geopolítico latinoamericano, el Caribe es el mare nostrum del imperio, allí donde no puede admitir ninguna oposición, ni naciones que salgan de su control. Ya se le escaparon dos, y no puede admitir una tercera, porque aceleraría su ya importante declive como superpotencia.

El más importante geoestratega estadunidense del siglo pasado, Nicholas Spykman, defendía una “América mediterránea” que incluye México, América Central y el Caribe, además de Colombia y Venezuela, que debe ser “una zona en que la supremacía de Estados Unidos no puede ser cuestionada”, como señala en su obra America’s Strategy in Politics, citada por el brasileño José Luis Fiori (https://bit.ly/2Tvny5f).

Sin Colombia, la estrategia del Pentágono y del Comando Sur queda huérfana de puntos de apoyo, se desvanece. Colombia es el único país sudamericano que cuenta con salida al Pacífico y al Caribe, además de ser la bisagra para el control de las estratégicas regiones andina y amazónica.

La hipótesis con que debemos trabajar, es que Estados Unidos apoyará al gobierno de Iván Duque, más allá de alguna reprimenda menor por las ostensibles violaciones a los derechos humanos. Lo que está en juego es tan importante que se pueden pasar por alto los atropellos, del mismo modo que se hace la vista gorda ante la violencia israelí en la franja de Gaza o ante la brutalidad de la monarquía saudí en Yemen.

La oligarquía colombiana es la más rancia y vetusta del continente. Nació de la derrota del proyecto de Simón Bolívar en los albores de la nueva república, se afianzó a punta de bala y metralla, y tuvo dos momentos clave que explican su continuidad ante los avances populares.

El primero es el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, quien era el muy probable vencedor en las elecciones de 1950. Fue un líder popular que ganó prestigio a raíz de su intervención en el debate sobre la masacre de las bananeras en 1928 y fue asesinado por la oligarquía y la CIA, dando inicio a la guerra civil entre liberales y conservadores que causó más de 300 mil muertos.

Con Gaitán muere toda esperanza de reforma agraria y de cambios en el dominio de la oligarquía terrateniente, que en ese periodo estaba siendo desplazada en Argentina por la rebelión obrera del 17 de octubre de 1945 y los gobiernos de Perón, y en Brasil por la gestión de Getulio Vargas. En otros países, como México y Bolivia, los terratenientes fueron desplazados por sendas revoluciones, mientras en Perú y Ecuador las reformas fueron encaradas por las fuerzas armadas en la década de 1960.

El segundo es conocido como Pacto de Chicoral. Fue la respuesta de los hacendados a la burguesía reformista colombiana y al presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), que pretendía realizar una tibia reforma agraria inspirada en la Alianza para el Progreso, para modernizar el país y debilitar al movimiento obrero y campesino como parte del combate al comunismo.

El 9 de enero de 1972 políticos y empresarios firmaron el Pacto de Chicoral (por la población donde se realizó el encuentro), un gran acuerdo de las clases dominantes y el poder político para liquidar el reformismo agrario. De inmediato se produjo “la movilización de batallones del ejército, la militarización de regiones enteras, las detenciones masivas, las largas permanencias en la cárcel en medio de maltratos y la libertad de acción para las bandas de ‘pájaros’ de los terratenientes”*.

El uribismo es hijo de esta historia y aunque la DEA llegó a denunciar sus vínculos con el narcotráfico, el servicio que presta al imperio es infinitamente más valioso que los desvaríos de su principal aliado en Colombia. Los seguidores del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) controlan las instituciones judiciales y electorales, policiales y militares, como para perpetuarse en el poder mediante masacres y fraudes electorales sin más que alguna vaga declaración de laderos como Luis Almagro.

Por tanto, no aparece en el horizonte la posibilidad de cambios a nivel del Estado, ni por la vía electoral ni por ninguna otra, habida cuenta de la cohesión adquirida por la clase dominante que se muestra dispuesta a todo, sin fisuras, para seguir aferrada al poder.

Corresponde a los miles de jóvenes movilizados, decidir el rumbo de un paro que ya supera el mes y al que no se le adivina final. La inspiración ya la tienen, luego de haber convivido con la Guardia Indígena a la que llamaron para aprender de su experiencia: autonomía y autogobierno para defender territorios y pueblos.

* León Zamosc, La cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia, Cinep, Bogotá, 1987, p. 177.