La evasión fiscal mediante la subcontratación alcanzó a generar un boquete anual de 250 mil millones de pesos entre impuestos sobre la renta y al valor agregado; y 21 mil millones en contribuciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reportó Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación.
En una conferencia convocada por el posgrado de derecho de la UNAM, enfatizó que persistía una cultura del no pago, al grado de que nueve de cada diez casos que se investigan en la Procuraduría Fiscal de la Federación terminan en querella por presuntamente haber cometido el delito de defraudación.
El 23 de julio se cumple el plazo que la autoridad dio a las empresas para regularizar a los 4 millones 685 mil trabajadores subcontratados en el país. Romero Aranda llamó a que todas las dudas que se tengan sobre cómo contratar servicios profesionales especializados –la única vía para el outsourcing– debe consultarse con la autoridad para evitar caer en alguna irregularidad, de lo contrario la pena puede alcanzar 13 años y medio de cárcel.
Acusó que, en general, la subcontratación en el país estaba funcionando bajo esquemas de delincuencia organizada y de defraudación a gran escala operados por factureros. El objetivo era no reconocer la relación laboral, o simularla, para no pagar cuotas de seguridad social e impuestos.
“El esquema de outsourcing, o subcontratación, como estaba implementándose, era un esquema de esclavitud moderna”, enfatizó.
Explicó que lo evadido al fisco por estos modelos de contratación de personal equivalen a recursos suficientes para levantar 221 hospitales o bien comprar 472 mil ambulancias o 663 mil autos patrulla; también se pueden construir 77 segundos pisos como el de Periférico, 295 desniveles como el de Mixcoac o 118 estadios.
Añadió que las empresas que tenían en outsourcing a sus trabajadores van a tener que pagar 25 por ciento más en costos laborales, pero recalcó que no es un incremento que venga de la reforma. “No es que les eleves el costo. Es lo que realmente debían pagar”.
