Al continuar los preparativos para realizar la consulta popular sobre el “desempeño de los políticos del pasado”, el Instituto Nacional Electoral (INE) “tomó en cuenta el contexto presupuestal adverso para su desarrollo, pues a la fecha no cuenta con recursos asignados para esa tarea”.

Lo anterior “lleva a ajustar el modelo para la consulta a parámetros mínimos necesarios que permitan la garantía de los derechos de la ciudadanía y su involucramiento en estos mecanismos de participación ciudadana”.

Dichas consideraciones se establecieron en el proyecto de aprobación de la papeleta que se utilizará para la consulta del próximo primero de agosto, que evidenció las diferencias entre los consejeros en torno al uso de la urna electrónica.

Las posturas más encontradas fueron las de Carla Humprhey, quien censuró las reticencias internas para que aun en condiciones de ajustes presupuestales, se opusieran al uso de la urna electrónica y a optar por la tecnología.

En contraste, su par Uuc-kib Espadas celebró la cancelación de esta vía, porque “son instrumentos que no garantizan la transparencia en el ejercicio del voto”. Además, criticó a quienes aún se dejan llevar por “la pasión que genera la ilusión modernista” de estas urnas, que se caracterizan por la opacidad. “Me opondré al uso de urnas opacas, cuyo contenido sólo pueden conocer unos cuantos expertos y sabios”

En el texto hace un recuento de las carencias presupuestales que se tienen no sólo por el recorte de 870 millones de pesos al INE en año electoral, sino por el rechazo de la Secretaría de Hacienda a aprobar una ampliación presupuestal para organizarla.

Por ello, la consejera Dania Ravel explicó que dadas las restricciones monetarias, se han tenido que hacer algunas adecuaciones a los términos como se realizan las elecciones federales: las papeletas serán de tamaño media hoja carta; sin papel seguridad, pero con elementos que eviten su duplicidad, y no se incluyen los datos de alcaldía o distrito para reducir costos, entre otros elementos.