En el primer minuto de hoy se inició la etapa de reflexión del voto, por lo que ninguno de los 29 mil 305 candidatos a diversos cargos de elección popular (entre gubernaturas, diputaciones federales y locales y presidencias municipales) podrá hacer promoción personal ni de sus plataformas electorales. Durante este periodo y hasta el cierre oficial de las casillas el próximo domingo, queda suspendido todo proselitismo en medios de comunicación impresos, radio, televisión y cualquier otra vía, además de que se prohíbe la publicación de resultados de encuestas y sondeos sobre preferencias electorales, difusión de informes de labores y cualquier clase de propaganda gubernamental. En lo que toca a los medios de comunicación, éstos conservan su libertad de expresión, pero deben abstenerse de hacer propaganda política, incluidas entrevistas a los contendientes.
Si algo quedó claro en el transcurso de las campañas que concluyeron a la medianoche de ayer es que el modelo electoral vigente es disfuncional y no aguanta más. Por principio de cuentas, este sistema otorga unas facultades desmesuradas al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con las cuales estas instancias pueden imponer dirigencias y modificar estatutos de los partidos según caprichos o intereses de consejeros y magistrados, vetar candidatos e imponer todo tipo de decisiones que corresponden a la organización interna de la vida partidista.
Esta suerte de absolutismo, del todo incompatible con la democracia, se ejerce, para colmo, no a favor de la legalidad, sino con una arbitrariedad pasmosa: así quedó demostrado con la actitud, en el mejor de los casos, omisa y, en el peor, cómplice, del entonces IFE y del tribunal ante las abiertas distorsiones a la voluntad popular perpetradas en las elecciones federales de 2006 y 2012. Esta incapacidad o falta de voluntad para garantizar el apego de los comicios a la ley dista de ser un asunto superado, pues la jornada del 1º de julio de 2018 se vio empañada por reiterados episodios de compra de votos, quema de materiales electorales, mapachismo, ataques armados y siete asesinatos; atentados antidemocráticos cuyos daños fueron acotados no por la acción de los árbitros electorales, sino por el abrumador respaldo ciudadano a la plataforma triunfadora.
Por otra parte, el modelo electoral crea un régimen de partidos que no está hecho para enriquecer las opciones políticas, sino para reducirlas en aras de perpetuar el modelo neoliberal que fue derrotado en las urnas en 2018. La pobreza argumentativa y la casi total ausencia de discusiones ideológico-programáticas en las campañas reflejan la manera en que este sistema mutila la capacidad de los organismos políticos para ofrecer al electorado distintas visiones de la sociedad, del desarrollo económico y del futuro del país, limitándolos al papel de administradores de presupuestos públicos.
Además de ser inviable en términos democráticos, el modelo electoral creado por las administraciones neoliberales es injustificable en términos presupuestales. La discrecionalidad, los dispendios manifiestos y la frivolidad del INE se encuentran plenamente documentados: por mencionar sólo lo que atañe a su actual presidencia, cabe recordar la obstinación en construirse unas oficinas centrales de más de mil millones de pesos en medio de los recortes al gasto público aplicados el sexenio pasado; el derroche en aguinaldos, teléfonos celulares de alta gama y remodelación de instalaciones en el mismo periodo; el uso de nueve motocicletas Harley-Davidson para “traslado de mensajería, paquetería y personal a bordo”, o el trámite de juicios de amparo para mantener sueldos y canonjías violatorios de la Constitución. Al lado de la ostentación de las autoridades electorales, los obscenos presupuestos asignados a los partidos –7 mil 226 millones de pesos este año– desplazan la lucha de ideas y convierten la vida política en una mera disputa por dinero.
Ante el irreversible agotamiento del sistema político-electoral, una tarea insoslayable para después del 6 de junio es un amplio debate nacional orientado a la construcción de un nuevo modelo capaz de generar certeza, confiabilidad y credibilidad incluso en situaciones de diferencias cerradas en la votación. Por fuerza, tal paradigma tiene que ser verdaderamente democrático, ajeno a las burocracias tecnocráticas que se apoderaron del INE y lo vaciaron de esencia ciudadana.
