La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó la solicitud presentada por las autoridades del municipio de Huixquilucan, estado de México, para obtener una suspensión contra la Política Nacional de Vacunación contra el Covid-19, y poder adquirir directamente dosis contra esta enfermedad.
En marzo pasado, las autoridades de esa localidad promovieron la controversia constitucional 22/2021, con el argumento de que se les había excluido de esta política nacional, y específicamente en demanda de que se les permitiera comprar vacunas contra la enfermedad.
Al admitir a trámite la controversia, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá señaló que la Política Nacional de Vacunación tiene el objetivo de que las acciones para proteger a la población sean coordinadas y homogéneas, por lo que únicamente se facultó a las autoridades federales y a las estatales para implementar las acciones de este plan, y negó por tanto la suspensión.
Al ratificar esta decisión, la Segunda Sala de la SCJN señaló que no es posible otorgar la suspensión a las autoridades de Huixquilucan toda vez “que el propósito de la solicitud de la suspensión no versó en preservar derechos de los habitantes del municipio, sino en que pueda comprar o adquirir mediante acuerdo de coordinación la vacuna contra el virus SARS-CoV-2”.
El gobierno federal ha explicado que las empresas fabricantes de vacunas contra del Covid-19 mantienen la política de sólo venderlas a los gobiernos nacionales, debido a que se trata de bienes escasos cuya aplicación efectiva únicamente puede ser garantizada de esta manera.
