Mexicali, BC. La usurpación de las candidaturas indígenas es una situación que no es suficiente con revocarlas sino que debe darse vista a las autoridades investigadoras para que los enjuicien porque es bastante el daño que están haciendo, consideró el doctor Francisco López Bárcenas, investigador de origen mixteco de El Colegio de San Luis (Colsan).

Al referirse a la práctica de la autoadscripción en que incurrieron candidatos, partidos y algunas organizaciones comunitarias dijo que se trata de un fraude y además son actos discriminatorios y violatorios de los derechos indígenas.

En Baja California se determinó la postulación de dos distritos, de 17, para candidaturas indígenas a consideración de partidos y alianzas que optaron en su mayoría por inscribir a políticos que se asumieron cucapás, kumiais, triquis y contaron con constancias de organizaciones sin tener representación de la comunidad. Solo en un distrito se revocó la candidatura y se dio vista a la Fiscalía.

La investigadora Araceli Burguete del CIESAS Sureste y de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, coincidió en señalar que se trata de un fraude a la ley y advirtió sobre un mercado de constancias a partir del efecto corruptor de los partidos políticos, al que son ajenas las comunidades indígenas.

El problema estriba, explicó, en la manera que la acción afirmativa se definió en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que abrió la puerta de la usurpación por la acreditación de los medios de pruebas. La autoadscripción calificada la cerró un poco porque se requiere demostrar pruebas que acrediten vínculos con la comunidad y obligó al Instituto Nacional Electoral a verificar que fueran legales las constancias, aunque se debe acreditar el vínculo efectivo y no sólo los documentos probatorios.

Se trata de definir el nosotros en las comunidades indígenas y los otros en cuanto a personas externas que dicen haber participado en asuntos propios de las comunidades, expresó Burguete.

Convocado por el Instituto de Investigaciones Culturales de la Universidad Autónoma de Baja California se llevó a cabo la Mesa de Diálogo "¿Autoadscripción o usurpación de identidad étnica? Las candidaturas indígenas en los procesos electorales" con la participación de académicos e indígenas triquis y kumiais.

López Bárcenas advirtió que la autoadscripción es para identificar a las personas no para darles derechos a ellos ni a partidos, de ahí que las acciones afirmativas no sirven, porque los derechos indígenas son para un sujeto que se llama pueblo o comunidad y están definidos en la Constitución desde 2001 y derivan del concepto autonomía.

Para el investigador Agustín Ávila, también de El Colegio de San Luis, se trata de un asunto de identidad, pertenencia y, por decirlo así, de membrecía.

Para ser ciudadano en una comunidad hay que participar, colaborar, cooperar, ser evaluado y respetuoso, es una distinción ser miembro de una comunidad.

Se debe modificar el enfoque de la autoadscripción calificada, dijo, ha sido positiva pero la definición es equivocada ya que debe estar en manos de los pueblos indígenas a través de sus propios mecanismos, como son las asambleas.

Al partir de una concepción colonialista es una brecha que se convertirá en un abismo y hay que enseñar al magistrado electoral para que entienda y se pueda modificar ese modelo, comentó Ávila.