Madrid. El líder del Frente Polisario (FP), Brahim Ghali, salió ayer de España rumbo a Argelia tras recibir el alta médica y escuchar el fallo del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien decidió no dictar medidas cautelares en su contra.

La presencia de Ghali, uno de los máximos dirigentes de la causa saharahui, en un hospital de Logroño, donde fue recibido por razones humantarias para ser tratado de Covid-19, fue el detonante de la más reciente crisis diplomática y migratoria entre España y Marruecos, la cual tiene visos de empeorar luego de esta salida casi furtiva.

El gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, informó a las autoridades del régimen de Mohamed VI la salida de Ghali del país.

Ghali, de 71 años y uno de los líderes del movimiento por la autodeterminación del Sahara Occidental, llegó a España hace poco menos de dos meses. Su ingreso fue autorizado por “razones humanitarias”, después de gestiones del gobierno de Argelia. Alemania y Francia se negaron a recibirlo.

Estaba grave, con neumonía provocada por el Covid-19 y su vida corría peligro.

Su ingreso a territorio español fue coordinado con las autoridades argelinas, pero no se informó al gobierno marroquí, que tiene señalado a Ghali como enemigo de sus intereses.

Su llegada a España se mantuvo en secreto: entró con documentación diplomática emitida por Argelia y después fue internado en el hospital con un nombre falso. La intención era mantener su estancia en secreto para no molestar a Marruecos, pero una vez que estuvo fuera de peligro, trascendió la información de su presencia en el Clínico Universitario de Logroño. La noticia fue filtrada por integrantes del FP.

De inmediato se desató una de las peores crisis diplomáticas y migratorias entre Rabat y Madrid, con la irrupción, en menos de 48 horas, de 10 mil indocumentados en la ciudad fronteriza de Ceuta, urbe de 80 mil habitantes, que de repente vio incrementada su población en más de 10 por ciento.

El gobierno español blindó su frontera con el despliegue de militares, policías y guardias civiles que se emplearon a fondo con tanques de guerra y equipo antidisturbios para evitar que siguieran llegando migrantes, la mayoría marroquíes, pero también muchos procedentes de África subsahariana.

La crisis migratoria sigue latente, aún no han sido deportadas a Marruecos cerca de mil personas y más de 8 mil fueron expulsadas con la política de “devoluciones en caliente”, es decir, sin garantías jurídicas internacionales del gobierno español.

Marruecos reconoció veladamente que la crisis migratoria tenía relación con la presencia de Ghali en España y con la postura del gobierno de Sánchez al conflicto con la República Árabe del Saharahui, y sobre todo por la del ala de la coalición de Unidas Podemos, partidaria de un referendo de autodeterminación para el territorio ocupado por Rabat.

Después de un cruce de acusaciones entre ambos países, el gobierno alaui agradeció que finalmente se abría la puerta a que el líder saharaui fuera juzgado en la Audiencia Nacional de España, donde enfrentaba varias querellas por genocidio, tortura, terrorismo y violación.

Su comparecencia fue ayer por videoconferencia, pero al constatarse que no había pruebas determinantes en su contra, el juez Pedraz se limitó a decretar su liberación sin medidas cautelares, salvo la de informar a la justicia de un número de teléfono en el que se le pueda localizar. Así lo hizo y dio el de su abogado, el penalista y experto en derechos humanos Manuel Ollé.

Cuando rendía declaración se generó cierta confusión, ya que trascendió que el gobierno español, por conducto del ministerio de Transportes, había dado la orden de que no entrara a su espacio aéreo un jet militar procedente de Argelia que tenía como objetivo trasladar a Ghali de regreso a Argel. La orden se mantuvo, pero alrededor de las 10 de la noche (hora local) se informó que se autorizó que un avión argelino aterrizara en el aeropuerto de Pamplona para repatriar a Ghali, que a esa hora ya viajaba en una ambulancia rumbo a la capital navarra.

Esta vez sí se informó al gobierno de Marruecos del desplazamiento de Ghali rumbo a Argel.

Marruecos busca que España siga los pasos de Estados Unidos que, con Donald Trump aún en la Casa Blanca, decidió el pasado diciembre reconocer la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española, algo que la nueva administración de Joe Biden no parece dispuesta a revocar.

El Ejecutivo español se mantiene firme en su postura y se ampara en las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre esta cuestión.

El Sahara Occidental, ex colonia española, es un gran territorio desértico situado al norte de Mauritania y es considerado por la ONU “territorio no autónomo”, ya que su estatus no ha sido determinado de forma definitiva.

El Frente Polisario exige que se celebre un referendo de autodeterminación contemplado por la ONU, mientras Marruecos propone cuando mucho una autonomía bajo su soberanía.

La resolución 1514 de la ONU establece que los pueblos tienen derecho a la autodeterminación.