La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador a constreñir sus pronunciamientos públicos a las restricciones constitucionales en materia de propaganda gubernamental en el proceso electoral hasta el término de los comicios. Lo anterior porque se consideró que su Informe de 100 días del tercer año de gobierno fue propaganda gubernamental personalizada, prohibida por la ley en campañas políticas.
De igual forma, la Sala Especializada instruyó a la Coordinación Nacional de Comunicación Social de la Presidencia de la República a retirar temporalmente el contenido de dicho informe de todos los portales oficiales y de las redes sociales hasta en tanto no concluya la jornada electoral.
Asimismo, se dio vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral para que inicie procedimientos en contra de los concesionarios de radio y televisión que transmitieron el informe.
Polémico reporte
La semana pasada, la Sala Superior confirmó que López Obrador transgredió el marco legal que regula la propaganda gubernamental en el proceso electoral, al rendir un informe no establecido por la ley, donde habló de obra pública y programas sociales, restringidos en este momento.
Por ello, ordenó a la Sala Especializada revisar de nueva cuenta la queja promovida por el PRD contra el mencionado Informe de 100 días y establecer las “consecuencias jurídicas” correspondientes.
En el acatamiento de la sentencia, el proyecto del magistrado Luis Espíndola destacó que una vez confirmado de que el informe violó la legislación vigente, se determinó que si bien no podrían calificar la gravedad de la falta por el régimen especial del Presidente, sí se consideró que López Obrador debe tener especial cuidado para garantizar la imparcialidad, equidad y neutralidad durante las contiendas electorales.
La resolución aprobada por unanimidad, aunque con reservas de la magistrada Gabriela Villafuerte en algunos aspectos, sugiere al Presidente considerar la posibilidad de revisar la normativa vigente en materia de propaganda gubernamental para, en su caso, realizar las modificaciones pertinentes al marco legal. Por ahora, se plantea que el Presidente debe acotar sus pronunciamientos públicos a las excepciones legales en materia de propaganda gubernamental, es decir, puede abordar temas de salud, educación y protección civil.
