Durante una reunión con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que la violencia en el proceso electoral se encuentra muy focalizada en algunas regiones y se ha atacado fundamentalmente a candidatos a presidentes municipales.

Subrayó la principal preocupación gubernamental: “El mayor riesgo a la gobernabilidad en los días que faltan para la jornada electoral y en ese mismo 6 de junio son las acciones que pudiera realizar la delincuencia en contra de candidatos de todos los partidos políticos”.

En la sede del INE, Sánchez Cordero refrendó el respaldo del gobierno federal a las autoridades electorales para garantizar un clima de paz para los comicios. Para ello, mencionó que se determinó el despliegue de la Guardia Nacional con el fin de reforzar el resguardo militar de las instalaciones del INE y propiciar mayor seguridad a los ciudadanos que acudirán a las urnas. “Son focalizadas estas acciones delincuenciales, y el riesgo mayor que enfrentamos no lo ocultamos, ni lo menospreciamos”.

Coincidente en su diagnóstico con la visión de los consejeros electorales, Sánchez Cordero aseveró que “no es casual que los mayores problemas y riesgos a la gobernabilidad democrática los estemos viviendo y enfrentando en el ámbito local, específicamente en el municipal, que es, y lo he dicho en otras reuniones y en otros foros, el eslabón más débil en la cadena de la gobernabilidad del país”. Es en ese ámbito donde se han concentrado los atentados contra candidatos.

En tanto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, celebró el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador para que los gobernantes no se involucren en el proceso electoral y que en las conferencias presidenciales ya no se aluda a candidatos ni partidos políticos.

El encuentro se prolongó por más de dos horas, en las que Sánchez Cordero hizo un diagnóstico de la situación que guarda el país en víspera de las votaciones, no sólo en el ámbito de inseguridad, sino también en las problemáticas sociales en los estados que podrían incidir en la elección: “Se trata de añejos problemas comunitarios en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Nayarit o de conflictos por límites municipales, también el reclamo o peticiones de comunidades originarias”.

Sánchez Cordero explicó que estas comunidades buscan utilizar sus sistemas normativos internos para elegir a sus autoridades directas y dejar de lado el sistema de partidos. En muy pocos casos la amenaza de impedir la instalación de casillas es un recurso, coincidió con los consejeros electorales, quienes estimaron que el potencial de riesgo abarcaría a 100 urnas que podrían no instalarse por conflictos sociales.