Con el telón de fondo de la crisis de migrantes en Ceuta, una nueva escalada declarativa ha tenido lugar entre los gobiernos de Marruecos y España: el Ministerio de Relaciones Exteriores del primer país acusó de “segundas intenciones hostiles de España con respecto al Sahara, una causa sagrada del pueblo marroquí”, en referencia al territorio de la República Árabe Saharui Democrática (RASD), que Rabat mantiene en su mayor parte bajo ocupación militar desde los años 80.
La desentonada declaración exhibió la verdadera motivación del régimen de Mohamed VI para abrir, a mediados de mayo, los pasos fronterizos entre Marruecos y Ceuta con el fin de dejar pasar a miles de migrantes que provocaron de inmediato una crisis humanitaria en ese pequeño enclave español en el norte de África. Como lo hizo ver en su respuesta el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, la parte marroquí admitió implícitamente que “se ha utilizado el asalto a las fronteras españolas por parte de 10 mil marroquíes en 48 horas por desavenencias en política exterior”, algo que consideró “inaceptable”.
El enojo de Mohamed VI contra Madrid se debió a la acogida en España del veterano dirigente saharaui Brahim Ghali, que ingresó a territorio español con una identidad falsa para recibir tratamiento por Covid-19. Por medio de una organización de abogados marroquíes, el monarca alauita exigió que el líder sea detenido y procesado por “actos de tortura, secuestro y crímenes de guerra”, acusaciones consideradas “totalmente desmedidas” por la Audiencia Nacional de España.
Alentado por el apoyo que recibe de Estados Unidos desde que el ex presidente Donald Trump aprobó la soberanía marroquí sobre el territorio de la RASD a cambio de que Rabat reconociera Jerusalén como capital de Israel, Mohamed VI ha buscado adicionalmente azuzar en contra de Madrid a otros países árabes por el supuesto estatuto colonial de Melilla y Ceuta, que Marruecos reclama como suyas y a las que Madrid considera parte irrenunciable de la integridad territorial de España, como ha sido desde los siglos XV y XVII, respectivamente.
Por su parte, el país ibérico ha recibido el respaldo de la Unión Europea (UE), la cual amenazó en días pasados a Rabat con suspender parcial o totalmente los miles de millones de euros en concepto de colaboración fronteriza y migratoria.
Más allá de la crisis migratoria en Ceuta –en donde unos mil migrantes menores de edad se encuentran en un limbo jurídico, ya sea en albergues estatales o escondidos en la ciudad– y de los alegatos marroquíes sobre la soberanía de los dos enclaves españoles, es claro que el fondo de la confrontación es la pretensión de Mohamed VI de obtener el total abandono por parte de Madrid del diferendo en torno a la RASD, que fue una antigua colonia conocida como el Sahara Español. Si ello ocurriera, se consumaría la traición cometida por España a la población saharaui, cuyo territorio fue entregado al padre del actual rey marroquí, Hassán II, en las postrimerías de la dictadura franquista y con la connivencia de Juan Carlos I.
Por otra parte, si el gobierno de Pedro Sánchez resiste los chantajes procedentes de Rabat, se corre el riesgo de aumento de las tensiones en ambos lados del Estrecho de Gibraltar, incluso de un conflicto entre la UE y los aliados de Mohamed VI en el ámbito árabe.
Como ocurre en otros escenarios polarizados del mundo, buena parte de la solución a éste radica en manos de Washington. El gobierno de Joe Biden está atrapado en una confrontación entre dos de sus aliados históricos, España y Marruecos, y cabe esperar que tenga en mente la letra y el espíritu de la resolución 1514 de la ONU, en la que se establece el derecho de los pueblos a la autodeterminación.
