Madrid. El líder del Frente Polisario (FP), Brahim Ghali, abandonó ayer España con rumbo a Argelia después de recibir el alta médica y de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz decidió no dictar medidas cautelares en su contra.

La presencia de Ghali, uno de los máximos dirigentes de la causa saharahui, en un hospital de Logroño, donde fue acogido por razones humantarias para ser tratado de las secuelas que le dejó el Covid-19, fue el detonante de la mas reciente crisis diplomática y migratoria entre España y Marruecos, que con su salida casi furtiva tiene visos de empeorar.

En esta ocasión, el gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, sí informó a las autoridades del régimen de Mohamd VI del desplazamiento de Ghali a Argel y de su salida del país, que se convirtió en un motivo de controversia.

Ghali, de 71 años y uno de los líderes referentes del movimiento por la autodeterminación del Sahara Occidental, llegó a España hace algo menos de dos meses. Su ingreso fue autorizado por “razones humanitarias”, después de gestiones del gobierno de Argelia y de que fue rechazada la misma petición en Alemania y Francia.

Estaba grave, con una neumonia bilateral provocada por el Covid-19 y su vida corría peligro.

Su ingreso a territorio español fue coordinado con las autoridades argelinas, pero no se informó al gobierno marroquí, que tiene situado a Ghali como enemigo de sus intereses.

Su llegada a España se mantuvo en secreto: entró con documentación diplomática emitida por Argelia y después fue internado en el hospital con un nombre falso. La intención era mantener su estancia en España bajo secreto para no molestar a Marruecos. Pero poco después de permanecer hospitalizado, y una vez que ya estaba fuera de peligro y se recuperaba trascendió su presencia en el Clínico Universitario de Logroño. La noticia fue filtrada por integrantes del FP en una de sus visitas a España.

De inmediato se desató una de las peores crisis diplomáticas y migratorias entre Marruecos y España, con la irrupción, en menos de 48 horas, de hasta diez mil personas en la ciudad fronteriza de Ceuta, una urbe de 80 mil habitantes, que vio incrementada su población en más de diez por ciento.

El gobierno español blindó su frontera con el despliegue de militares, policías y guardias civiles, que incluso se emplearon a fondo con tanques de guerra y material antidisturbios para evitar que siguieran llegando migrantes, la mayoría marroquíes, pero también muchos procedentes de África subsahariana.

La crisis sigue latente, con algo más de mil personas todavía sin ser deportadas a Marruecos y con un récord histórico de “devoluciones en caliente”, sin garantías jurídicas internacionales por parte del gobierno español, que superaron los ocho mil, incluidos menores de edad.

Marruecos reconoció veladamente que la crisis migratoria tenía relación con la presencia de Ghali en España y con la postura del gobierno de Sánchez al conflicto con la República Árabe del Saharahui, y sobre todo por la del ala de la coalición de Unidas Podemos, partidaria de un referendo de autodeterminación para el territorio ocupado por Rabat.

Después de un cruce de acusaciones entre España y Marruecos, el gobierno alaui agradeció que finalmente se abría la puerta a que el líder saharaui fuera juzgado en la Audiencia Nacional de España, en el juzgado de Santiago Pedraz, donde tenía varias querellas en su contra por genocidio, torturas, terrorismo y violación.

Su comparecencia fue ayer mismo, y al constatarse que no había pruebas determinantes en su contra, el juez se limitó a decretar su liberación sin medidas cautelares, salvo la de informar a la justicia de un número de teléfono en España en el que se le pueda localizar para futuras comparecencias. Así lo hizo y dio el de su abogado, el prestigioso penalista y experto en derechos humanos, Manuel Ollé.

Cuando prestaba su declaración se generó cierta confusión ya que trascendió que el gobierno español, a través del ministerio de Transportes, había dado la orden de que no entrara en su espacio aéreo un jet militar procedente de Argelia que tenía como objetivo trasladar a Ghali de regreso a Argel. La orden se mantuvo, pero alrededor de las diez de la noche se informó que se autorizó que un avión argelino aterrizara en el aeropuerto de Pamplona para repatriar a Ghali, que a esa hora ya viajaba en una ambulancia rumbo a la capital navarra.

Esta vez sí se informó al gobierno de Marruecos del desplazamiento de Ghali a Argel.

Marruecos busca que España siga los pasos de Estados Unidos que, con Donald Trump aún en la Casa Blanca, decidió el pasado diciembre reconocer la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española, algo que la nueva administración de Joe Biden no parece dispuesta a revocar.

El Ejecutivo español se mantiene firme en su postura y se ampara en las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre esta cuestión.

El Sahara Occidental, ex colonia española, es un gran territorio desértico situado al norte de Mauritania y considerado por la ONU como "territorio no autónomo", ya que su estatus no ha sido fijado de forma definitiva.

El Frente Polisario exige que se celebre un referendo de autodeterminación contemplado por la ONU, mientras Marruecos propone cuando mucho una autonomía bajo su soberanía.

La resolución 1514 de la ONU establece que los pueblos tienen derecho a la autodeterminación.