A tres años de su triunfo contundente en las elecciones de 2018, el proceso electoral del próximo 6 de junio será la primera gran prueba para Morena, que se juega entre otras cosas la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, fundamental para continuar con el programa de gobierno de la Cuarta Transformación.
El reto es grande para el partido guinda y sus aliados, ya que contienden sin el respaldo que representaría la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador en las boletas, en medio además de una disputa con la autoridad electoral, a la que acusan de actuar en su contra y con sus principales adversarios unidos.
Por primera vez en su historia, inició un proceso electoral como la fuerza política mayoritaria y como puntero, pero conforme transcurrieron los meses, en medio de los efectos de la emergencia sanitaria, las contiendas se han ido cerrando y aunque la dirigencia nacional que encabeza Mario Delgado sostiene que la gestión del Ejecutivo federal se verá reflejada en el apoyo de la ciudadanía, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que la elección es “altamente competitiva y lamentablemente va resolverse en los tribunales”.
El diputado Pablo Gómez tiene muy claro que desde el triunfo electoral de la izquierda, PRI y PAN se convirtieron en prácticamente un solo partido, el PRIAN, con aliados poderosos, como son las dirigencias empresariales de derecha, los intelectuales del régimen y los llamados órganos autónomos, que han emprendido de nuevo una guerra sucia, “un odio sin disimulo”, cuyo mejor ejemplo es la propaganda: “Si no le quitamos la Cámara, nos va a quitar el país”.
La coalición Juntos Hacemos Historia esta vez la conforman Morena, PT y PVEM; los tres participan en las elecciones federales y en la mayoría de las locales sólo morenistas y petistas.
Se perfilan ya resultados muy cerrados o adversos en Baja California Sur, Querétaro, Chihuahua, San Luis Potosí y Nuevo León. En contraparte, en varias entidades las preferencias por Morena se fortalecieron.
La decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de quitar las candidaturas a los gobiernos de Guerrero y Michoacán a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, respectivamente (que ratificó el tribunal en la materia), además de complicar el panorama para Morena en esas entidades –ya que debió cambiar a sus abanderados e iniciar las campañas con mes y medio de retraso frente a sus adversarios–, elevó la confrontación con el órgano a cargo de Lorenzo Córdova.
El propio Presidente de la República, la dirigencia y la militancia reprocharon al INE entrar en la contienda a favor de la alianza de PAN, PRI y PRD, con una sanción que calificaron de exagerada para Salgado y Morón, mientras permiten que en la mayoría de los gobiernos opositores se practique abiertamente la compra del voto y otros delitos electorales.
No es el único escollo que enfrenta el partido. En enero, la definición de las candidaturas a las 15 gubernaturas, así como de los abanderados a la Cámara de Diputados, derivó en una división interna que se replicó en las nominaciones de los aspirantes locales. Morena afrontó el proceso con 16 de sus sedes en el país tomadas por simpatizantes, incluida la nacional.
El senador Primo Dothé, un reconocido luchador social, renunció en abril a Morena y dejó incluso su escaño, en protesta por los candidatos que fueron inscritos en San Luis Potosí.
Preocupa también a la dirigencia de Morena el probable impacto del accidente en la línea 12 del Metro en la votación de este 6 de junio en la Ciudad de México, su principal bastión.
