Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciará por primera vez sobre la maternidad subrogada en el país, al resolver una acción de inconstitucionalidad que cuestiona las facultades del Congreso de Tabasco para legislar sobre este tema, así como un amparo promovido por una empresa privada dedicada a esta práctica.
El primer caso es la acción de inconstitucionalidad 16/2016 que impulsó la ex Procuraduría General de la República en contra de varios artículos del Código Civil de Tabasco que regulan las diferentes técnicas de reproducción humana asistida, a la cuales define como “el conjunto de prácticas clínicas y biológicas para la creación de un nuevo ser humano, logrado mediante técnicas científicamente acreditadas y autorizadas por la legislación en materia de salud”.
La PGR, hoy Fiscalía General de la República, reclama que legislar sobre cualquier técnica de reproducción asistida, incluida la maternidad subrogada, es facultad exclusiva del Congreso de la Unión, por lo que pide invalidar los artículos del código civil local sobre ese tema.
El proyecto fue elaborado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, y hasta el momento no se ha hecho público.
El segundo caso es el amparo de una empresa privada que se dedica a conseguir madres subrogantes, así como a ponerlas en contacto con parejas con problemas para concebir descendientes y mediar para que lleguen a un acuerdo; también facilita las instalaciones hospitalarias y laboratorios necesarios en todo el proceso.
El proyecto de este asunto fue publicado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien propone amparar en contra de las limitaciones que impone la ley de Tabasco a las empresas que llevan esta labor. Estos casos aparecen en los números 3 y 4 de la lista de asuntos a resolver en el Pleno, por lo que su análisis comenzará esta misma semana.
