Buenos Aires. Con los fondos generados por el aporte solidario y extraordinario logrado con los impuesto a la grandes fortunas el gobierno del presidente, Alberto Fernández, logró invertir más de 145 mil millones de pesos para paliar las consecuencias y efectos de la pandemia de Covid-19, que en su segunda ola disparó las cifras de muertos en el país a 78 mil desde que comenzó en marzo de 2020, cumpliendo con lo dispuesto por la ley aprobada en el Congreso, ante la gravedad de la situación en el país.

Este extraordinario aporte económico no se condice con la actitud de la oposición, cuyo plan fue alentar todo tipo de acciones e incitaciones para desobedecer las restricciones necesarias, con apoyo de los grandes medios, lo que es considerado en estas horas como un crimen contra la población al utilizar la pandemia como una forma de debilitar a un gobierno en función de instancias electorales, como las próximas legislativas de junio. También se habían opuesto a apoyar el impuesto extraordinario y por una sola vez a la riqueza.

“Teniendo en cuenta lo recaudado el aporte hasta el 27/05 (alrededor de 145 mil millones de pesos, 1,532,660,875 dólares), ya se asignaron dichos recursos a los programas, políticas e iniciativas previstos en la normativ”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán citado por el portal El Destape.

Destacó que se valora el aporte de más de diez mil personas que están siendo distribuidos de manera inmediata a los destinos específicos establecidos por ley para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas generadas por la pandemia", entre estos los Ministerio de Salud, de Trabajo, de Educación, de Energía y otros rubros esenciales.

Esto se produce en medio de un escenario de fuertes demandas por los cambios necesarios en las estructuras judiciales, que cada día quedan expuestas por el encubrimiento de un largo proceso del uso de varios de sus integrantes, durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019), en el desfalco generalizado contra el país, y el espionaje, extorsión y persecución política, que marcaron a la pasada administración de la derechista alianza Cambiemos como la peor desde el retorno de la democracia en 1983.

En estos momentos se anunció que el fiscal federal Franco Picardi fue designado para intervenir en la causa en la que se investigan maniobras de espionaje ilegal con el concurso de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri, después de que debió excusarse el fiscal Carlos Stornelli, que fue señalado con suficiente probatoria, como uno de los más activos, en la participación del armado de causas falsas con intervención personal en la red de espionaje extorsión y persecución contra los opositores políticos.

Stornelli se mantuvo en estado de rebeldía, para no ser indagado en la causa de espionaje, mencionada, cuando estaba en manos de un juez impecable como era Alejo Ramos Padilla, quien logró documentos y pruebas, incluidas fotografías y testimonios de la indebida acción de dicho fiscal.

En tanto en estas horas la figura de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está en el ojo de la tormenta. Sus bravuconadas, las mentiras como lo que sucedió recientemente donde sostuvo en una entrevista televisiva que el gobierno había pedido “sobornos” a Pfizer, para comprar la vacuna, lo que la empresa de Estados Unidos desmintió públicamente, entre otras acciones, como ir a abrazar al policía Luis Chocobar, en la puerta de Tribunales, donde donde fue condenado por matar a un joven delincuente por la espalda, en 2017 falsificando los hechos y otras actitudes, han creado un cisma en la alianza Cambiemos.

A eso se añade la cantidad de nuevos datos y pruebas de cómo Bullrich (reconocida aliada de servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel) fue una de las figuras más importantes en la red de espionaje, extorsión de políticos opositores, armados de causas falsas, cuando surgen con precisión de horarios y circunstancias sus reuniones con jueces, espías de la Agencia Federal de Inteligencia, periodistas y medios implicados , en los chantajes políticos.

Entre esto se identifican sus reuniones con el agente de la AFI, Carlos Alberto Tafelli Banfi, ex cuñado de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, quien estaba a cargo de la dirección Eventos Especiales e ingresó al Ministerio de Seguridad en 57 ocasiones durante ese tiempo. En la causa del espionaje masivo a periodistas durante la Cumbre de la OMC y el G-20 pidieron su indagatoria, estaba al mando del área que confeccionó las fichas ilegales.

El rol de Bullrich, de acuerdo a las investigaciones de los periodistas Franco MIzrahi y Ari Lijalad, de El Destape, que tuvo acceso a los ingresos y egresos que figuran en el Ministerio de Seguridad, señalan que Bullrich recibió 11 veces a Carlos Alberto Tonelli Banfi, responsable del espionaje masivo a 403 periodistas y un centenar de académicos, empresarios y miembros de ONGs que participaron en las cumbres de la OMC y el G-20 realizadas durante el gobierno de Mauricio Macri. En total, este espía que es investigado en la Justicia ingresó en 57 oportunidades a la cartera que dirigía Bullrich.

También aparecen sus relaciones permanente con el "prófugo" Fabián Rodríguez Simón, cuya extradición de Uruguay solicita Argentina, uno de los mayores implicados en todas las acciones consideradas delitos severos, durante el gobierno de Macri, quien también será indagado. Ahora también se descubren las reuniones secretas de Bullrich con varios jueces, periodistas y dueños de importantes medios. Es sin duda una figura clave en lo que sucedió y en lo que hoy está sucediendo en el país.