El exceso de confianza de Florian Tudor y el seguimiento gubernamental se conjugaron para la captura del líder de la llamada “mafia rumana” el jueves pasado, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Tudor, considerado el jefe de una organización internacional dedicada a la trata de personas y la clonación de tarjetas, acudió a la sede de la fiscalía para enterarse del avance de una denuncia que él había presentado en contra de varios servidores públicos, quienes habían participado en un operativo donde el rumano fue detenido por primera vez en México. Esto ocurrió en marzo de 2019, pero Tudor fue dejado en libertad tras acusar que se habían violado sus derechos, revelaron funcionarios federales.
Florian Tudor traía “campana” (seguimiento gubernamental) desde hace varias semanas, luego de que el gobierno mexicano solicitó a las autoridades rumanas que informaran si existía algún mandamiento judicial en su contra, ya que en México él afirmaba ser un hombre honesto.
Sin embargo, investigaciones de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y otras instituciones de Estados Unidos, así como denuncias presentadas en territorio mexicano, referían que su banda había obtenido más de 800 millones de dólares con movimientos financieros irregulares que implicaban fraudes consolidados a través de transferencias con tarjetas bancarias utilizadas en varios centros turísticos, principalmente del estado de Quintana Roo, ya que su grupo operaba alrededor de cien cajeros automáticos.
En marzo de 2019, personal de la FGR realizó diversos operativos que tenían en la mira a integrantes de la “mafia rumana”. Tudor fue detenido y puesto a disposición de un juez, pero una supuesta injerencia de autoridades de distintos niveles en las operaciones del grupo le permitieron obtener su libertad, después de que el impartidor de justicia consideró que el Ministerio Público Federal no aportó elementos de prueba para iniciarle un proceso penal.
A pesar de ello, las autoridades mexicanas le congelaron sus cuentas e iniciaron el seguimiento de sus actividades en el estado de Quintana Roo y en otros puntos del país, lo que permitió a elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, del Centro Nacional de Inteligencia y de la FGR arrestarlo en la sede de la FGR.
Tudor, también identificado como El Tiburón, arribó a las instalaciones del Ministerio Público Federal acompañado de su abogado; mientras se encontraba con un agente de este organismo (ahora sujeto a investigación por tratar de impedir que se ejecutara la orden de captura), los agentes federales cumplimentaron el mandamiento judicial. Durante su resistencia a ser arrestado, trató de engañar a sus aprehensores al decir que se estaba siendo asfixiado, gritó que lo estaban matando, luego expresó sentirse mal y solicitó que llamaran una ambulancia, pero esta vez su detención fue calificada de legal y deberá enfrentar un juicio de extradición a solicitud de Rumania.
